Las constructoras piden un plan de reestructuración ante el recorte en obra civil

Madrid.- Las patronales de la construcción CNC, Seopan, ANCI, AERCO y CEPCO aseguraron hoy que los recortes en inversión en obra civil causarán la desaparición de un "inestimable" número de empresas, por lo que pidieron al Gobierno un plan de reestructuración para el sector.

Según un comunicado conjunto de las patronales, dicho plan debería incluir ayudas fiscales y crediticias del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la misma línea que las concedidas a otros sectores como la banca, las cajas de ahorros, el automóvil o la siderurgia.

Asimismo, solicitaron que se busquen "yacimientos de gasto no productivo" para compensar la reducción de inversiones prevista para el año que viene, y que el recorte no se amplíe en los presupuestos para 2011.

Por lo que respecta a 2010, indicaron que, si Fomento no paga obras en lo que queda de año, muchas empresas del sector entrarán en "una situación de falta de ingresos" que las llevará "inevitablemente a situaciones concursales que pueden acabar en quiebras provocadas no por los mercados, sino por la política gubernamental".

Entre otras posibles medidas de compensación, las patronales propusieron establecer tasas o peajes en las autovías, que se incrementen los ingresos fiscales con los impuestos sobre los carburantes o la euroviñeta y se ponga en marcha el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI).

El presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Jaime Lamo de Espinosa, señaló que la reestructuración puede ser "caótica", y que la única manera de frenarla es que el Gobierno se plantee recortes de gastos no productivos antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Añadió que, de este modo, se podría "recomponer presupuestariamente" las cifras del Ministerio de Fomento y "todo el esquema de inversión pública".

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) Juan Lazcano, explicó que los recortes provocarán una reestructuración "intensa y rápida" que tendrá "graves consecuencias para la actividad, el empleo y los ingresos públicos".

Las patronales señalaron por cada millón de euros que deje de invertirse en infraestructuras, la Administración pública dejará de percibir 570.000 euros generados como retorno fiscal, en tanto que se destruirán 18 puestos de trabajo, lo que en total podría causar la pérdida de no menos de 115.000 empleos.

Además, recordaron que los recortes implican la rescisión de contratos equivalentes al 10% de la cartera total pendiente de ejecutar por Fomento - que asciende a unos 21.000 millones de euros- y la reprogramación de anualidades de obras en torno al 40% de dicha cartera -8.400 millones de euros-.

Por su parte, el presidente de Seopan, David Taguas, indicó que el sector se encuentra a una reducción "muy importante" de la demanda que, unida a las exigencias de la nueva Ley de Morosidad, puede hacer que muchas empresas tengan un "problema de solvencia" a corto plazo que "les impediría subsistir porque agotarían su capital".