Las constructoras rechazan financiar el Plan de Rescate del Gobierno hasta obtener más garantías

José Blanco está a punto de cumplir su primer aniversario como ministro de Fomento y quiere celebrarlo presentando el gran plan de rescate del sector constructor, más conocido como Fondo de Financiación Público-Privada, en un acto que se celebrará hoy en Madrid y que contará con la presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Este instrumento, que el Gobierno quiere dotar con 17.000 millones de euros, permitirá generar, según los cálculos del Ejecutivo, 400.000 puestos de trabajo (casi un 10% de la población desempleada) en nuevas obras públicas, fundamentalmente en la línea de alta velocidad (AVE).

El problema es que Blanco todavía no ha recibido la luz verde de las constructoras, según ha podido confirmar lainformacion.com con varias fuentes del sector, que siguen reclamando arreglar los problemas del pasado antes de embarcarse en nuevas aventuras.

Sin el beneplácito de las empresas resulta muy difícil, prácticamente imposible, que salga adelante el plan del Gobierno, entre otros motivos, porque las compañías deberán financiar el 20% de esos 17.000 millones (otro 50% corresponderá al BEI, el ICO afrontará un 20% y las entidades financieras privadas un 10%).

No obstante, el sector confía en poder alcanzar algún punto de acuerdo en los próximos meses y no descarta que Blanco sorprenda hoy con alguna novedad, como una fórmula de financiación que garantice la viabilidad de la concesión o la fumata blanca a sus viejas reclamaciones, sobre todo, la concesión de avales por parte del Estado.

Problemas de financiación

Sin estas garantías, el sector se cierra en banda. Y no sólo por una cuestión de principios o estrategia, sino porque en algunos casos les resulta imposible financiar el fondo. De hecho, varias empresas reconocen, en petiti comité, su incapacidad para afrontar el desembolso que les corresponderá sin las garantías que llevan meses reclamando a Fomento, entre las que también destaca la licitación de nuevas concesiones bajo el esquema de ingresos mínimos garantizados o la creación de empresas mixtas (parte propiedad del Estado y parte privada).

Sin embargo, para poder hacer frente a estas reclamaciones, Fomento necesita garantizar antes algún tipo de fórmula que evite computarlo como déficit. Por ejemplo, los avales en sí mismos no suponen déficit, pero si en algún momento se ejecutaran, sí pasarían a engordar la deuda el Estado. Los ingresos mínimos garantizados también corren el riesgo de ser computadas como déficit por Bruselas, mientras que las sociedades mixtas podrían sufrir el mismo destino si el Estado toma una participación significativa.

Pero, sin alguna solución de este tipo, muchas empresas serán incapaces de financiar nuevas concesiones. El más claro ejemplo de los problemas de dinero que tienen está en las autopistas radiales de Madrid, cuyas previsiones de tráfico han sido inferiores a las proyectadas inicialmente y que, además, han tenido que afrontar multimillonarias sentencias en contra por las expropiaciones de los terrenos, que han terminado arrojándolas a una situación de quiebra técnica.

En principio, estas concesiones habían conseguido salvarse con los créditos participativos que se contemplan en la ley de financiación público-privada. Pero la aprobación de esta normativa se ha ido retrasando -de hecho, se ha ampliado el plazo para presentar enmiendas hasta el próximo martes- dejando en la cuneta el plan de salvación de las constructoras.

Para compensar, el Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros Extraordinario del pasado 30 de marzo retrasar hasta final de año la solución de estas concesiones. Pero esta prórroga es insuficiente, ya que el problema real de las constructoras está en conseguir el dinero para saldar sus créditos -por ejemplo, la banca acaba de conceder una prórroga a Abertis, Sacyr, GlobalVía y ACS en las Radiales 3 y 5 para financiar 600 millones-, y arreglar otro amplio abanico de concesiones, como Cartagena-Vera, Málaga-Las Pedrizas, Madrid-Toledo o la vía de pago que conecta con la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas.

Con todos estos problemas sobre la mesa, fuentes del sector aseguran que el Plan de Rescate de las constructoras seguirá parado hasta que salga adelante la ley de financiación público-privada y se conozcan las nuevas garantías que está dispuesto a aportar el Estado. A partir de ese punto, cada empresa hará sus números y verá si realmente puede financiar la parte que le corresponde del fondo de 17.000 millones de euros.