Los accionistas minoritarios ven "vías legales suficientes para el resarcimiento" por la pérdida de valor de bankia

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) afirma que la valoración de los títulos de Bankia “será la consumación de una muerte ya anunciada”, pero destaca que el tema no acaba aquí y que los accionistas cuentan con “vías legales suficientes para el resarcimiento” por la “pérdida del valor patrimonial” de los mismos.
Así lo indicó a Servimedia Alberto Ruiz Ojeda, el socio del despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo, asesor de Aemec, después de que el Frob comunicara que si bien “no ha completado todavía” la valoración de Bankia prevé una "importante" reducción del valor y la consecuente dilución para los accionistas.
El Frob envió una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había suspendido de manera cautelar la cotización de las acciones de la entidad tras unas informaciones aparecidas en prensa que valoraban la acción de la entidad en 0,01 euros.
“La peor parte se la llevan los accionistas minoritarios”, dijo Ruiz, quien denunció que un grupo de “desaprensivos colocó en bolsa basura financiera” sin que ningún organismo regulador hiciera nada.
Según los abogados, “hay indicios de grave negligencia” y las vías para que los accionistas de Bankia reclamen pasan por una acción civil contra la entidad y sus gestores, la componente penal, y el frente de responsabilidad patrimonial por “fallo de los reguladores”.
En concreto, el socio de Cremades Calvo Sotelo se refirió al Banco de España, la CNMV y al Ministerio de Economía, que “jalearon e hicieron la ola a la salida a bolsa de una entidad con un quebranto patrimonial gravísimo”.
Los asesores de Aemec indicaron que el punto de partida es reclamar que los accionistas recuperen su inversión inicial, aunque reconocieron que un “hipotético acuerdo puede ser mejor que un pleito”.
Respecto a los plazos, Ruiz indicó que el proceso judicial hasta reconocer el derecho a una indemnización puede durar entre cuatro y seis años, aunque advirtió de que es difícil manejar los tiempos procesales.