El Gobierno socialista y los sindicatos mayoritarios de la Función Pública negocian contrarreloj y en solo dos reuniones la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2019, supeditada -al decaer la propuesta de Presupuestos de 2019- a la tasa general de reposición del 75% y la específica del 100%, para organismos con especiales déficit de empleo, sobre los puestos de trabajo perdidos fijada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el año 2018. El objetivo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Meritxell Batet es que ronde las 30.000 plazas, las mismas que el año pasado.
En la reunión de ayer miércoles, de un marcado carácter técnico, los responsables del Ministerio presentaron el desglose de la mitad de la oferta, que incluye 8.495 plazas de acceso libre y 6.613 de promoción interna, y que se aprobará este mismo viernes en el Consejo de Ministros. La propuesta, sin embargo, no ha contentado a los sindicatos, que han denunciado el poco tiempo de negociación, y que aseguran que con ella no se creará nuevo empleo público y que incluso supone una pérdida de 500 efectivos en la Administración General del Estado.
En total, la cifra adelantada por el Ministerio de Política Territorial supone 15.108 plazas, si bien a esta habría que sumar la oferta para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, militares, Sanidad y Enseñanza de Ceuta y Melilla, hospitales militares, Justicia no transferida (órganos centrales y algunas comunidades autónomas) y entes públicos empresariales, como Puertos del Estado, autoridades portuarias, Enaire, la Fábrica de la Moneda o Sasemar.
Con la oferta de empleo público de este año ya diseñada por Batet y sin márgenes para negociarla, los sindicatos se volcarán ahora en la propuesta del Gobierno de empezar a trabajar en un plan trianual que recoja la convocatoria de unas 30.000 plazas anuales, que las centrales tratarán de incrementar en otras 15.ooo con el objetivo de compensar las pérdidas durante la crisis. Se trata, aseguran, de frenar el envejecimiento de una plantilla en la que un 65% de los empleados tiene más de 50 años y que tiene un elevado porcentaje de personal laboral.
Batet tampoco está dispuesta a ceder en varias cuestiones prioritarias para los sindicatos. Es el caso de la eliminación de la tasa de reposición de los funcionarios implantada por el Partido Popular para recortar gasto y que está respaldada por Bruselas, y la reducción de la jornada laboral a 35 horas. Mientras, las centrales sindicales insisten en que las plazas que se barajan apenas servirán para cubrir las jubilaciones que se produzcan y que, con una tasa de reposición del 100% en ámbitos prioritarios y del 75% en el resto, se seguirá destruyendo empleo público.
Las exigencias sindicales
Fuentes sindicales temen que la oferta definitiva que se aprobará el viernes no incluirá "cifras grandiosas" y que rondará, en el mejor de los casos, las 33.000 plazas del año pasado, ya que el Gobierno "no tiene mucho margen por la prórroga presupuestaria". De hecho, la oferta de 8.495 plazas de nuevo ingreso es 200 plazas inferior a la del año pasado, si bien las 6.613 de promoción interna suman 409 plazas respecto a la de 2018. A estas se añadirían 2.000 plazas para estabilizar plazas interinas del personal de justicia no transferida a las CCAA.
No obstante, fuentes sindicales han cuestionado la magnitud de la oferta de la que solamente serán informados, ya que Función Pública les ha trasladado que no va a convocar la Mesa General de Negociación de la AGE, en la que se suscribiría un acuerdo con los sindicatos. El responsable de Empleo de CCOO en la AGE, Javier Martínez, ha criticado que las cifras adelantadas no suponen el mantenimiento de empleo público, ya que se pierden casi 500 efectivos en la AGE.
Al contrario de lo que ocurre con las administraciones autonómicas o locales, CSIF ha denunciado que la Administración General del Estado sigue perdiendo empleo, con 201.030 efectivos (datos de julio de 2018) registrando así su mínimo histórico desde 2002. Advierte además de que un total de 31.801 empleados públicos de esta administración tienen más de 60 años (3.494 tienen más de 64) y por tanto se encuentran a las puertas de la jubilación.
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