Una de las consecuencias directas de la invasión de Rusia perpetrada en suelo ucraniano ha sido una subida generalizada de los precios que ya se ha trasladado, no solo a los bolsillos de los españoles, sino de toda la Unión Europea. Más allá del evidente drama humano que ha supuesto la ofensiva del ejército de Vladimir Putin, el contexto actual es que la gasolina, la luz, el gas y la bombona de butano, entre otros, están ahora más caros que nunca. Se suma, además, otro bien de primera necesidad como es el de los alimentos que, para más inri, también sufre escasez en determinados productos como es el aceite de girasol.
Hay países europeos que ya han empezado a dar pasos importantes para reducir la factura eléctrica de sus ciudadanos y han anunciado, además, medidas que incluyen una bajada de los impuestos que gravan la energía. Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez, ya confirmó durante el pasado fin de semana que llevaría a cabo una serie de medidas para paliar que la inflación se traslade de tal manera a los consumidores. Eso sí, aún no hay nada concreto, ya que primero realizará una gira de dos semanas por Europa y otra por las comunidades autónomas y, a su vez, un proceso negociador de las tres vicepresidentas de su gabinete con empresas y agentes sociales para definir el paquete económico que se aprobará el próximo 29 de marzo en Consejo de Ministros, según avanzó en entrevista en La Sexta.
Luz
Una de las medidas es atajar directamente la subida del precio de la luz que hace justo una semana registró un récord histórico con 500 euros el megavatio hora. En este sentido, el Ejecutivo se moviliza para buscar la unidad empresarial con las grandes energéticas del país.
Carburantes
También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a revisar la fiscalidad de aquellos productos en los que está repercutiendo de forma más intensa la invasión en Ucrania. Por ello, se da por hecho que el Gobierno planteará una revisión a la baja de impuestos como el del valor añadido (IVA) que se aplica a los carburantes.
Con la inflación en el 7,6% en tasa interanual y algunas gasolineras habiendo marcado el precio de dos euros por litro de diésel o gasolina, el Ejecutivo busca contener las consecuencias económicas que sufren los consumidores, sin embargo, estas medidas mermarán la recaudación pública, en unos 6.000 millones anuales si se opta por reducir el IVA del 21% al 4%.
Alquileres
Tal y como ha publicado esta mañana La Información, otra de las medidas que está valorando el Gobierno es congelar los precios de los contratos de alquiler de vivienda para evitar subidas abusivas ante la escalada de la inflación.
Se trataría, como se hizo en los momentos más duros de la pandemia, de habilitar prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler, obligando a los arrendadores a mantener las mismas rentas y las mismas condiciones del contrato vigente. La medida, que se incorporó en el escudo social desplegado para hacer frente a la crisis de la Covid, ya ha decaído, y la idea que se está barajando es recuperarla para evitar que los propietarios actualicen los alquileres con un IPC disparado, ya que, con base en la regulación actual, la subida de la renta anual puede ligarse, como máximo, a la variación anual del IPC mientras dure el contrato.
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