Misión de la UE preocupada por violencia e impunidad en el Caribe de Honduras

Tegucigalpa, 26 abr.- Una misión de la Unión Europea (UE) expresó hoy su preocupación por la violencia e impunidad que persisten en el Bajo Aguán, en el Caribe de Honduras, donde en los últimos cuatro años han muerto cerca de un centenar de personas en conflictos relacionados con las tierras.

"No venimos a hacer recomendaciones, pero sí le vamos a preguntar al Gobierno por qué tanta impunidad, por qué tanta violencia en el Bajo Aguán y esperamos escuchar respuestas contundentes", dijo en rueda de prensa el embajador de Alemania en Tegucigalpa, Johannes Trommer, tras concluir una visita de dos días a esa zona.

Los derechos humanos "son muy importantes, es lo que más nos interesa", agregó el diplomático.

Los miembros de la UE se reunieron con organizaciones de campesinos, propietarios de fincas, agrupaciones civiles y autoridades, según un comunicado de la legación europea.

Además de Trommer, la misión de la UE que viajó al Bajo Aguán estuvo integrada por los embajadores de España, Luis Belzuz de los Ríos, y de Francia, Philippe Ardanaz, así como por el encargado de Negocios de la delegación de la Unión Europea, Peter Versteeg.

Además por los embajadores del Reino Unido concurrente en Guatemala, Sarah Dickson; de Italia, Giovanni Adorni; el magistrado francés en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stéphane Le Tallec, y el embajador para los Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Francia, Francois Zimmeray.

El embajador de Francia afirmó que "los hondureños son los que deben solucionar el problema de la violencia y la impunidad" en el Bajo Aguán.

El diplomático francés reafirmó que la UE "seguirá apoyando en lo que pueda para que llegue la paz" al Bajo Aguán, una zona rica en siembras de palma africana, que desde 2009 ha sido escenario de enfrentamientos entre campesinos y terratenientes.

En los últimos cuatro años han sido asesinados en esa zona cerca de un centenar de personas, en su mayoría campesinos, aunque entre las víctimas también hay guardias privados de fincas, según datos del estatal Comisionado de los Derechos Humanos.

En un intento por frenar el conflicto, el Parlamento hondureño aprobó en agosto pasado una reforma legal que limitó el porte de armas a personal militar, policial y de seguridad privada en el departamento caribeño de Colón, donde está el Bajo Aguán.

El Gobierno que preside Porfirio Lobo también ha intentado apagar la crisis con la compra de terrenos a los terratenientes, que luego ha entregado a los campesinos organizados, pero el enfrentamiento continúa.