A menos de dos semanas de que concluya el plazo 'extra' dado por la Comisión Europea a España para que apruebe la reforma del subsidio por desempleo, que está vinculada al cuarto pago de los fondos Next Generation, el Ministerio de Trabajo y Economía Social logró cerrar el miércoles un acuerdo con los sindicatos del que se descolgó finalmente la patronal. El pacto llega 'in extremis', dado que ese plazo concluye el próximo 20 de mayo, y en principio obligará al Ejecutivo a tirar de nuevo de la fórmula del real decreto-ley para poder ajustarse a lo comprometido con Bruselas. Una opción que conlleva riesgos evidentes ante las dificultades para conformar las mayorías parlamentarias suficientes y lo ajustado que se prevé el resultado de las elecciones del próximo domingo en Cataluña.
Al tiempo que cerraba los últimos flecos del acuerdo con UGT y CCOO, el Gobierno ha pisado el acelerador en las negociaciones con las autoridades comunitarias para poder acceder a ese cuarto desembolso por valor de 10.021 millones de euros. Ligado al cumplimiento de un total de 61 hitos y objetivos, en las próximas semanas será la Comisión la que culmine su evaluación de todos ellos -está actualmente en la fase final de esos trabajos- y tendrá que pronunciarse al respecto. Deberá decidir si la reforma cumple con lo acordado y sirve para desbloquear el pago de forma total, o si no se da por válida y España sólo puede acceder a un reintegro parcial.
Fuentes próximas al Ejecutivo precisan que los trabajos no se han detenido en ningún momento y que ya se centran también en los hitos y objetivos pactados para acceder al quinto y sexto desembolsos, así como en la puesta en marcha de los instrumentos necesarios para activar los 83.000 millones en préstamos ligados a la Adenda. La cuantía del cuarto pago se sumará a los 37.036 millones que se recibieron con los tres pagos anteriores y con la primera prefinanciación.
A finales de abril el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el de Hacienda ya informaron a Bruselas de su intención de solicitar a lo largo de este ejercicio los pagos quinto (7.248 millones) y sexto (por valor de 18.428 millones y ligado, entre otros asuntos, a la aprobación de la Ley de Industria). Lo hicieron a través de la actualización de sus previsiones macroeconómicas y fiscales para este y el próximo ejercicio, unos cálculos que cuentan con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Ambos departamentos remitieron esta información a las autoridades comunitarias pese a que con la entrada en vigor del nuevo marco de reglas fiscales cesa la obligación de presentar el Programa de Estabilidad de los Estados miembros. En su lugar, los socios deberán enviar un Plan Fiscal Estructural antes del 20 de septiembre, documento que sí será vinculante. Ese programa estará diseñado a un horizonte de cuatro o de siete años -con un ajuste más suave y prolongado- e incluirá la estrategia para reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y encarrilar la ratio de deuda hacia niveles inferiores al 60% del PIB, desde el 107,7% al que despidió el pasado ejercicio.
El cuarto pago y la tensión con los socios de investidura
España solicitó formalmente el cuarto pago de los fondos europeos el pasado 20 de diciembre, sólo un día después de aprobar la reforma del nivel asistencial de desempleo en consejo de ministros vía real decreto. La solicitud ya acumulaba meses de retraso por la convocatoria de elecciones anticipadas y las dificultades para formar gobierno. Unas semanas después, el 10 de enero, los cinco votos en contra de Podemos tumbaron el texto en el Congreso de los Diputados e impidieron al Ejecutivo tener aprobados todos los hitos ligados a ese desembolso el 20 de marzo. Ese mismo día concluían los tres meses en los que estaba previsto que el organismo capitaneado por Ursula von der Leyen hiciera su análisis de los mismos.
De ahí que la Comisión decidiese conceder dos meses más de oxígeno al Gobierno de Pedro Sánchez para poder cumplir sus compromisos, una flexibilidad que ya mostró antes con Italia -para que pudiera recibir el tercer pago del programa NGEU- e incluso con Alemania. Para España este año está llamado a ser el del máximo despliegue de las inversiones, dado que "muchas cuentan con un elevado grado de madurez y parte de ellas ya estarán finalizándose", señalaba el documento de perspectivas enviado el pasado 30 de abril.
El mayor despliegue de los fondos está por llegar
El Ministerio de Economía actualizó recientemente los datos del despliegue de los Next Generation EU a través de 'Elisa', su herramienta de seguimiento. Hasta finales del mes de marzo se habrían resuelto convocatorias por valor de 35.191 millones de euros de los 69.528 asignados al país. Es una cifra que contrasta con la ofrecida solo unos días después por la Autoridad Fiscal, que también ha desarrollado su propio instrumento de rastreo.
Según la información recabada por el organismo fiscalizador, entre 2021 y 2023 se ejecutaron un total de 28.948 millones de euros del plan de recuperación, a los que se han sumado otros 2.224 millones entre enero y marzo pasados. En términos de Contabilidad Nacional, es decir, tomando en cuenta las inversiones que efectivamente se han desembolsado, estas ascenderían a 18.900 millones entre los ejercicios 2021 y 2023, algo menos de la mitad del dinero que la Comisión Europea ha abonado ya a España.
