"Este acuerdo nos permite cumplir el compromiso que teníamos con Europa en tiempo y forma" ha celebrado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en la firma del acuerdo alcanzado con UGT y CCOO para reformar el subsidio de paro, del que se ha apartado la patronal tras la última reunión celebrada el lunes. Todo apunta a que el Gobierno aprobará la norma a través de un real decreto-ley -como ya hizo en diciembre- para que esta salga adelante antes de que concluya el plazo pactado con Bruselas en el que la Comisión Europea va a evaluar los hitos ligados al cuarto pago de los fondos europeos; aunque fuentes de la cartera sostienen que la decisión aún no ha sido tomada a la espera de confirmar el respaldo de los grupos políticos.
El texto inicial decayó a comienzos de enero por el voto en contra de Podemos, por lo que el Ejecutivo planeaba llevarlo al Congreso de los Diputados como proyecto de ley para negociar con los 'morados' la introducción de enmiendas. No obstante, una vez atendida la principal reclamación de esta formación política -la cotización del subsidio para mayores de 52 años en el 125% de la base mínima- el Ministerio de Trabajo en principio cuenta con los apoyos políticos necesarios para que el texto no encuentre nuevos obstáculos en la convalidación parlamentaria. Yolanda Díaz no ha confirmado si el acuerdo irá al próximo Consejo de Ministros, pero es probable.
Los empresarios no han formado parte del acuerdo, aunque la ministra ha afirmado que han hecho aportaciones al borrador hasta el último momento. CEOE y Cepyme han emitido esta mañana un comunicado en el que denuncian que no ha habido una verdadera negociación de esta reforma, que carece de memoria económica y que la velocidad para escenificar la firma responde a una "estrategia política ante las elecciones del próximo domingo que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real" y por tanto, no iban a formar parte de ella. En cambio, las fuentes presentes en la mesa de negociación quitan importancia a estas críticas y sostienen que las patronales no participan del pacto por motivos exclusivamente políticos.
Tanto CCOO como UGT se han mostrado satisfechos con el acuerdo alcanzado 'in extremis' a última hora de la tarde de este martes, si bien han retierado su posición sobre el IPREM, el indicador público de precios al que se vincula la prestación. Este es igual a 600 euros en 2024 y no ha sido actualizado, por no haber sacado adelante unos Presupuestos Generales del Estado. Los sindicatos cifran en un 14% la pérdida de poder adquisitivo de esta referencia desde que fue aprobada en 2004 y proponían la opción de sustituirlo por el umbral de pobreza, como se hizo en las pensiones.
¿Qué cambios incluye la reforma del subsidio?
El documento firmado esta mañana por los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y la responsable de Trabajo reforma la ayuda destinada a las personas que han agotado la prestación contributiva de paro o a las que no han generado el derecho de percibirla para incrementarlo del 80% del IPREM (480 euros) al 95% de este indicador durante los primeros seis meses (570 euros) y al 90% para los seis siguientes (540). Además, se extiende a los menores de 45 años sin cargas familiares, a los trabajadores eventuales del campo que no residan en Extremadura y Andalucía -ya lo tenían reconocido- y se reduce el número de jornadas de trabajo exigidas para poder acceder a él.
Asimismo, se elimina el mes de espera que actualmente existía entre la prestación de carácter contributivo y la asistencial -para pasar del paro al subsidio-, se permite el cobro de la ayuda durante 180 días teniendo trabajo, incluso a tiempo completo, estos pasarán a cobrar el "complemento de ayuda al empleo" que se traduce en una reducción de la cuantía que va en función del tiempo que ha pasado desde que se comenzó a recibir la prestación y el tipo de jornada laboral. También podrán acceder a él los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla y se mejora el tratamiento del tiempo parcial, una serie de mejoras que desde Trabajo entienden que no se tendrían que haber demorado seis meses por intereses de ciertos partidos, entre los que se sitúa Podemos.
Con la nueva norma el Gobierno también reconoce el derecho a percibir el subsidio a las víctimas de violencia de género y a los migrantes españoles que hayan retornado. El antiguo real decreto-ley proponía que estos colectivos fueran enviados al Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero había problemas técnicos como el requisito de residencia que impedían que esta vía progresara. El texto también permitirá la compatibilidad entre un empleo a tiempo completo y la percepción de la ayuda contributiva, el paro, cuando se haya percibido un mínimo de 13 meses hasta un determinado salario. No obstante, los representantes de los trabajadores siguen limando algunos detalles con el equipo de negociación del Ministerio de Trabajo.
