La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha animado este martes a las comunidades autónomas a que "acompañen con el ejemplo" la apuesta del Ejecutivo por la mejora del transporte público para el ahorro de las emisiones de CO2 y un impacto positivo en el gasto de las familias menos pudientes. En concreto, Rodríguez ha animado a las autonomías a que mantengan sus descuentos mientras que no ha concretado si los aprobados por el Ejecutivo se mantendrán más allá del 30 de junio. Esto es tal y como lo establece el real decreto ley de ayudas por las consecuencias de la guerra en Ucrania.
En concreto, Rodríguez ha explicado que "el decreto está en revisión y que atendiendo a los indicadores económicos y las circunstancias, lo valoraremos en el momento oportuna". Tienen hasta el próximo 30 de junio para definirse, justo en puertas de la próxima campaña electoral. Para la portavoz, lo anterior "no implica que comunidades autónomas y ayuntamientos no puedan seguir comprometiéndose en la mejora del entorno del transporte público en una dirección muy oportuna, hacia el ahorro de emisiones y de las rentas de las familias trabajadoras".
El Gobierno está analizando, si más allá del 30 de junio, mantiene en el tiempo la bonificación del 30% sobre el precio de los abonos y títulos de transporte tanto autonómicos como municipales que aportan las comunidadesa autónomas pero de fondos de la administración central. Esta aportación esta condicionada también a que las autonomías aporten un 20% adicional.
Incógnitas a partir de julio
En este sentido, administraciones autonómicas como la Comunidad de Madrid no han aclarado aún si seguirán o no los descuentos a partir de julio. En el caso del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo ha condicionado a la prórroga de la bonificación del Gobierno central. En el caso de Barcelona, se abría la puerta a modificarlos en la segunda parte del año.
El descuento que sí está garantizado para todo el año es la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia de Renfe para usuarios habituales en toda España, así como descuentos del 50% en Avant y ciertos AVE, una medida financiada por el Estado con un coste cercano a los 700 millones de euros.
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