Moncloa se escuda en la inflación a la baja para levantar la prórroga de los alquileres

Las rencillas entre las dos almas del Ejecutivo son más que evidentes desde hace meses y el escenario no es diferente a menos de un mes de las elecciones generales. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un conglomerado de medidas de más de 300 folios y los socios de Unidas Podemos, ahora integrados en Sumar, no solo han cuestionado lo que se ha aprobado -como la deducción del IRPF por la compra de un coche eléctrico- sino también lo que se ha decidido no extender, como la prórroga automática de seis meses a los contratos de alquiler que llegaran a su fin. La medida, que se aprobó por primera vez en el marco de la pandemia, se amplió hasta el 30 de junio para "evitar aumentos abusivos de los precios del alquiler" y a partir de esa fecha decaerá, ya que el ala socialista del Gobierno cree que la Ley de Vivienda ya en vigor y la moderación de los precios, la hacen prescindible.

España está entre las economías europeas con la inflación más baja, tras situarse en el 3,2% en el mes de mayo y anotando mínimos desde julio de 2021. Sin embargo, este freno en el avance de los precios se debe a la caída de los carburantes y en parte, a la de los alimentos, pero no a la vivienda, que de acuerdo con los datos de Idealista se ha incrementado un 7% para la venta y más de un 9% para el alquiler en el último año. Este es uno de los motivos que inspiró la redacción de la Ley de Vivienda, que es el resultado de un intenso 'tira y afloja' entre los socios progresistas del Ejecutivo y la vicepresidencia primera de Asuntos Económicos de Nadia Calviño. El ala socialista da por terminada esta tarea, a días de iniciar la campaña electoral y una vez prorrogados los avales para facilitar la entrada a la vivienda a jóvenes y adultos con menores a cargo. 

No obstante, sus socios de Gobierno y los sindicatos mayoritarios de inquilinos entienden que las medidas en vigor resultan insuficientes. Como ha destacado Calviño, un real decreto ley anterior y la Ley de Vivienda incluyen límites a la subida de los alquileres del 2% para 2023 y del 3% para 2024, mientras que para fijar el tope aplicable a partir de 2025 se desarrollará un nuevo índice de la mano del Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, esta limitación se refiere solo a la actualización anual del precio del alquiler, esto es, cada uno de los años en los que se extienda el contrato y no a los nuevos contratos, por lo que este límite no protegerá de "aumentos abusivos de precios" a aquellos inquilinos que terminen su contrato más allá del 1 de julio. 

Esa precisamente ha sido la crítica vertida por la responsable de Vivienda de la plataforma encabezada por Yolanda Díaz y excandidata de Podemos en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, que ha cuestionado que el Gobierno tome esta decisión "teniendo en cuenta que la voluntad política de muchos gobiernos autonómicos es la de no regular los precios de los alquileres". Las comunidades autónomas están obligadas a aplicar los límites a la actualización de los contratos, como traslada a este medio Marta Sanz de Ulzurrun, socia del área inmobiliaria de Ceca Magán. No obstante, una vez levantada esta obligación de mantener las condiciones del contrato de alquiler, el control de los nuevos acuerdos sí queda en manos de este nivel territorial, en el marco de la declaración de las zonas tensionadas, como apunta Ferran Font, director de estudios y portavoz de pisos.com. 

Al ser preguntadas por las críticas expresadas por el ala 'morada' del Gobierno, Nadia Calviño ha lamentado que "haya personas que quieran generar incertidumbre" y ha defendido que durante la última legislatura se ha reforzado la protección del inquilino. Lo cierto es que actualmente no existe ningún límite de precios para los nuevos contratos, por lo que las personas que terminen su alquiler a partir del próximo sábado tendrán que asumir la subida propuesta por su casero o buscar una alternativa de vivienda. Lo habitual es que las subidas anuales se vinculen a la evolución del IPC, por lo que fue el crecimiento de este lo que llevó al Ejecutivo a imponer límites. Sin embargo, los propietarios son libres de no respetar este límite al renovar un contrato o poner el precio que crean oportuno para sacar la vivienda de nuevo al mercado.

Este contexto hizo que el Gobierno decidiese el pasado diciembre extender la protección a los inquilinos por seis meses más, a pesar de que inicialmente estuviese previsto para responder a las dificultades de encontrar otra vivienda por las restricciones de coronavirus. "Con el fin de evitar aumentos abusivos de los precios del alquiler, se prorroga automáticamente la duración del contrato de alquiler por un periodo máximo de seis meses durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos en el contrato en vigor", recogía el último decreto. Seis meses después, el ala socialista del Gobierno entiende que esta ha dejado de ser necesaria por la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, pese a que se refieren a cuestiones diferentes.  

La ministra de Asuntos Económicos ha buscado defenderse de las críticas este martes recordando que se mantiene la otra prórroga de un año destinada a las personas que estén en una situación vulnerable. Si bien, esta cláusula solo será de aplicación a partir de 2028, ya que protege a los contratos firmados al amparo de la Ley de Vivienda -aprobada en 2023- y estos acuerdos tienen que extenderse por un mínimo de cinco años. Estas protecciones solo son de aplicación en el caso de que los contratos sean firmados de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, que sean concebidos como una vivienda habitual y que se rente en su totalidad, ya que los alquileres turísticos, estacionales o por habituaciones, se rigen por el Código Civil y esto permite a los caseros esquivar los límites fijados. Una laguna que ha suscitado las críticas de los grupos parlamentarios durante toda la tramitación de la Ley de Vivienda, que apuntaban directamente a Calviño.