El requerimiento del Ministerio de Hacienda a la Región de Murcia en el que avisaba al Gobierno autonómico de que iba a intervenir sus cuentas por incumplir el plazo máximo del pago a proveedores no solo llegó al buzón de correo de la Consejería de Hacienda murciana. El email fue enviado a todas las comunidades autónomas, avisándolas así del procedimiento que se estaba iniciando contra Murcia, como ha podido saber La Información. Una medida que está recogida en la Ley de Estabilidad, como explican desde el departamento de María Jesús Montero. Pero que resulta "sorprendente" y "extraño", según distintas fuentes autonómicas consultadas por este medio. Y que las mismas fuentes definen como un "aviso" al resto de CCAA, ya que aseguran que no recibieron una comunicación similar cuando se iniciaron actuaciones de este tipo con Cataluña.
En ese correo, al que ha tenido acceso esta redacción, el Departamento que dirige la socialista andaluza explicaba el inicio del procedimiento contra el Ejecutivo autonómico que preside Fernando López Miras.Según se ha podido comprobar, varias autonomías también lo recibieron, a pesar de que no estaban afectadas por la medida ni han recibido avisos al respecto. Por eso les sorprendió mucho la recepción, ya que los requerimientos se suelen enviar exclusivamente a quienes vayan a ser advertidos por Hacienda. Pero que sean miembros del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es lo que, según Hacienda, motivó que todos sus miembros recibieran el aviso. "Aunque sea así, es muy sorprendente. Cuando se enviaron los requerimientos a Cataluña tampoco nos llegaron", aseguran fuentes autonómicas sobre las advertencias durante la etapa de Cristóbal Montoro.
El Ministerio señala que la medida también es novedosa porque "esto no había pasado" desde hace varios años atrás, cuando se intervino a Aragón en 2016 por el mismo motivo. Aun así, las fuentes consultadas señalan que el caso de Murcia sí se les ha comunicado cuando no ha ocurrido lo mismo en otras ocasiones. La de Murcia, de hecho, no es la única situación en la que Hacienda ha avisado a una comunidad en los últimos meses. Ya ocurrió con Andalucía el pasado mes de diciembre, debido a su incumplimiento del déficit de 2018, por el que se advirtió al Ejecutivo que lidera Juanma Moreno de que no podría salir a los mercados hasta que corrigiera los desfases para "cumplir las reglas fiscales". "De esto tampoco se nos avisó. Sigue siendo llamativo", señalan las mismas fuentes consultadas.
Gobierno de coalición frente a comunidades del PP
El caso de Murcia ha sido el enésimo ingrediente en la pugna que mantiene el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con las comunidades autónomas, especialmente aquellas que están gobernadas por el PP, ya sea en solitario o en coalición con Ciudadanos. Como se podía prever, el Ejecutivo de López Miras rechazó por "arbitraria, oportunista e irresponsable" esta intervención impulsada por Madrid. De hecho, su Consejería de Hacienda acusó al ministerio de haber provocado las demoras en el pago por no haber ingresado en la caja regional lo correspondiente al IVA de 2017 y las entregas a cuenta pendientes.
Este procedimiento viene incluso desde antes de la llegada del PSOE al Gobierno, ya que la región empezó a ser advertida en el año 2016 por esos retrasos en los pagos a proveedores. Esta aplicación de la Ley de Estabilidad se hace cuando la comunidad que comete la infracción demora más de 60 días el abono de esa deuda y no solventa la situación en los dos meses siguientes. En concreto, Hacienda toma la decisión sobre el territorio murciano por los incumplimientos correspondientes a los meses de agosto y septiembre del pasado año, que alcanzaron casi los 90 días de tardanza. Y que ha traspasado el debate económico, ya que desde el PP se ha visto como toda una agresión a sus comunidades en medio de la reapertura del debate de la financiación autonómica.
La polémica con Murcia por la intervención de Hacienda ha tenido otro foco en lo referido al préstamo que iba a recibir la región del Banco Europeo de Inversiones para solucionar la situación del Mar Menor. Montero ha impedido que los 320 millones que iba a recibir la comunidad lleguen a sus arcas, alegando que el gobierno de López Miras está en "huida hacia adelante" y que "no puede endeudarse más". Un argumento al que añadió un reproche a las autonomías que "piden más recursos al Estado y bajan impuestos en paralelo". Palabras que son una crítica velada a las políticas fiscales que se están llevando a cabo en la propia Murcia, Andalucía o la Comunidad de Madrid.
El Ministerio de Hacienda aún no ha aclarado a cuánto asciende el montante correspondiente a las cuentas murcianas que retendrá. Por el momento, será el propio Estado a través de este departamento el que se encargue de pagar a los proveedores mientras se mantenga la situación de intervención de la Región. Una situación que es solo una de las batallas que se esperan entre las CCAA con gobiernos que son totalmente contrarios a los planes que tiene el Ejecutivo central. Y cuyos desencuentros se han plasmado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes. "La ley también dice que la reunión debe convocarse dos veces al año. Pero, al contrario de con el email, no se cumple", inciden las fuentes consultadas.
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