El grupo de expertos que elabora el Libro Blanco para la reforma fiscal no hará propuestas concretas al Ministerio de Hacienda, sino que dará varias opciones para que sea el Ejecutivo el que escoja qué medidas deberían llevarse a cabo. El objetivo es "no comprometer al Gobierno" con iniciativas que pueden no encajar en la hoja de ruta de Moncloa. Así lo explican fuentes conocedoras del trabajo de los catedráticos expertos en derecho tributario y finanzas públicas. Las mismas fuentes avisan de que hay "demasiadas expectativas" en un documento que todavía "no está cerrado" y sobre el que Hacienda ha dado más indicaciones de las previstas.
El trabajo de los expertos va de la mano de las medidas que el Gobierno ha comprometido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a petición del departamento. Por ello, en el documento que presenten a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se plantearán grandes cambios en impuestos como el de Sociedades, pero tampoco en Patrimonio o Sucesiones. Sí aparecerá el concepto de "armonizar", pero se instará al Ejecutivo al "acuerdo con las comunidades autónomas", un asunto que se antoja complicado teniendo en cuenta la norma que ha aprobado el Gobierno de la Comunidad de Madrid con la que busca blindarse ante subidas de impuestos.
Según las fuentes consultadas, en varias ocasiones los expertos han escuchado aquello de "esto no toca" cuando han hecho propuestas vinculadas al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) o a otros tributos que el Ejecutivo prefiere no incluir en el análisis que encargó a los catedráticos. En el lado contrario, el Ministerio ha hecho hincapié en que su labor debía ayudar a "modernizar" el sistema fiscal español a través de la incorporación de directivas europeas relativas a la economía digital. También se incluirán propuestas en materia de fiscalidad medioambiental, tal como se compromete Moncloa en el Plan de Recuperación.
El comité tiene previsto entregar a finales de este mes un primer borrador al departamento de Montero, "para que tengan tiempo de revisarlo antes de que cumpla el plazo y se puedan hacer aclaraciones". No obstante, las fuentes advierten que ciertas clarificaciones del texto pueden ir en contra de lo que pretende el Ejecutivo que es obtener un documento lo suficientemente amplio como para adaptarlo a la política fiscal que ha defendido durante la legislatura. En este sentido, consideran que si Hacienda pide muchos cambios entre el primer borrador y el documento definitivo, puede convertirse en un arma de doble filo, al verse comprometido a "cumplir" con las recomendaciones que planteen los expertos.
Las injerencias del Ministerio de Hacienda han sido una de las consecuencias que han provocado la salida de dos de los expertos que conformaban el comité, según comentan las mismas fuentes. Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco (UPV) y Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo han abandonado el grupo antes de culminar con la presentación de su propuesta.
Plan del Gobierno
El plan del Gobierno de Pedro Sánchez es incorporar una reforma fiscal en 2023, siempre que la economía lo permita, tal como ha insistido la titular de Hacienda. Así, una vez Hacienda tenga en sus manos el Libro Blanco para la reforma fiscal, el Gobierno lo analizará y elaborará su propuesta, aunque todavía no hay calendario para estas fases. En cualquier caso, tal como publicó este periódico, el margen del Ejecutivo se reduce a medida que se agota la legislatura y que la recuperación completa de la crisis del coronavirus se retrasa.
El Gobierno siempre ha dejado abierta la puerta a cambios fiscales antes de que el comité entregue el documento definitivo el 28 de febrero. De hecho, el Ministerio de Hacienda apuntaba en la presentación del grupo de expertos que pese a esta fecha límite no renunciaba "a realizar ajustes fiscales puntuales si así lo considera oportuno, en línea con las medidas adoptadas hasta ahora". Bajo esta premisa, el Ejecutivo incorporó el tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades en los Presupuestos Generales de este año y modificó la tributación de los planes de pensiones privados.
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