El Ministerio de Hacienda reforzará con 122 funcionarios las áreas más críticas para la gestión de los fondos europeos, que se han convertido ya en la principal prioridad de gestión del Gobierno. El ministerio que dirige María Jesús Montero incorporará a 65 nuevos efectivos en el ámbito de la Secretaría General de Fondos Europeos, la mayoría de los cuales se encuadrarán en la nueva Dirección General del Plan y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de nueva creación, y a otros 57 en el ámbito de la Intervención General de la Administración del Estado, que reforzarán las nuevas funciones de control, supervisión y fiscalización que el Gobierno ha asignado a la Oficina Nacional de Auditoría, la Oficina de Informática Presupuestaria y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude del departamento dependiente de Hacienda.
Los perfiles van desde interventores a administrativos, pasando por analistas de datos, y se reclutarán de entre funcionarios ya alistados en la Administración General del Estado pero que hoy prestan servicio en otros departamentos. La incorporación de nuevos recursos de dentro de la Administración del Estado es solo uno de los cauces de los que el Gobierno ha dotado a los ministerios para cubrir sus necesidades de personal. También tienen la opción de reasignar personal de unos departamentos a otros e incluso de unas funciones a otras dentro de los propios ministerios, tirar del personal de otros ministerios, incorporar personal laboral y en última instancia hasta incorporar perfiles de lo que pueda haber ciertas carencias dentro de la Administración, como ya ha empezado a hacer la Vicepresidencia de Asuntos Económicos con determinados perfiles.
La hoja de ruta inicial marcada por el Gobierno el pasado mes de diciembre instaba a los ministerios a disponer de una evaluación completa y detallada de sus necesidades de personal al cierre del mes de febrero. El retraso del trámite del Mecanismo de Recuperación en Bruselas y otro ramillete de circunstancias de naturaleza más doméstica hizo que este plazo se incumpliera y los ministerios apenas acaban de empezar ahora a dar los primeros pasos para cubrir las necesidades de personal que se derivarán de la gestión de los fondos europeos.
El Ministerio de Hacienda es una de las áreas del Gobierno que va a necesitar más refuerzos. El esquema de gobernanza ideado por Moncloa ha creado dentro de la estructura del departamento de María Jesús Montero una nueva autoridad de gestión, la Secretaria General de Fondos Europeos a cuyos mandos estará Mercedes Caballero y que contará con una dirección general 'ad hoc' para gestionar los fondos; y ha reforzado de forma significativa a la autoridad de control, la IGAE, a la que el Ejecutivo quiso restar alguna de sus actuales atribuciones para aligerar la gestión del fondo, pero a la que finalmente ha tenido que reforzar a instancias de la Comisión Europea y del Consejo de Estado.
En este último caso, la norma incluso ha previsto la posibilidad de que la IGAE tire de firmas privadas de auditoría si los recursos propios de los que dispone no fueran suficientes para realizar los controles preceptivos sobre la ejecución de los fondos, un trabajo que se antoja como crítico para que España pueda aprovechar al máximo los 70.000 millones de euros en fondos no reembolsables que tiene asignados por el Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Menos experiencia para resolver los conflictos en contratos
El Gobierno ha abierto también el proceso de selección de los tres nuevos vocales que el Real Decreto de gobernanza de los fondos europeos aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre previó para el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el órgano independiente que se encarga de resolver los conflictos entre licitadores o de éstos con la Administración en los procedimientos de contratación y que también se encargará de resolver los litigios que se puedan generar en el marco de la regulación de los fondos europeos.
Hasta ahora, el organismo ha venido operando con un presidente y dos vocales, un dispositivo que hasta ahora se había considerado suficiente para resolver los cientos de conflictos que generan los procesos de contratación pública convocados por el Estado y sus organismos dependientes. Las nuevas necesidades que a buen seguro se pondrán de manifiesto durante la ejecución de los fondos europeos han aconsejado al Gobierno disponer tres nuevas vocalías en el organismo para cuya elección Hacienda aplicará el nuevo régimen de selección introducido por la Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en marzo de 2018 y que rebajó de 15 a 10 años la experiencia profesional en el ámbito del Derecho Administrativo requerido para ocupar esos puestos.
Se sigue estableciendo que los candidatos tienen que ser personas pertenecientes a uno de los cuerpos de la Administración del Estado vinculados a la posesión de una licenciatura universitaria y se mantiene el requisito de acumular experiencia en el campo del Derecho Administrativo, pero Hacienda aplicará el nuevo marco en cuando a experiencia acreditable que la rebaja quince a diez años, en un intento por incrementar el número de candidatos a los puestos.
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