El Gobierno ya ha asumido su derrota. La ministra de Hacienda da por hecho que los independentistas no permitirán la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), les acusa de ponerse del lado de los partidos de derecha en la votación y, lejos de ceder en la negociación, ha dado portazo a las exigencias de las formaciones separatistas: "El Gobierno no va a admitir en ningún orden del día el derecho de autodeterminación para Cataluña", ha zanjado María Jesús Montero desde la tribuna del Congreso de los Diputados.
La responsable de defender el proyecto presupuestario en la Cámara Baja ha comenzado su discurso con un tono marcadamente político. La votación de las cuentas públicas para España se juega en Madrid, pero también en Cataluña. El juicio contra los responsables del procés independentista impregna todas las negociaciones del Gobierno y la casualidad ha querido que arranque hoy en la capital, a escasos dos kilómetros del Congreso.
El juicio ha "polarizado" las posiciones políticas frente a un debate presupuestario que debe ser "serio", ha lamentado la ministra, para advertir después de que el Ejecutivo no cederá a ningún chantaje de los partidos políticos separatistas que han registrado enmiendas a la totalidad a los PGE y que no parecen tener ninguna intención de retirarlas. "Todo indica que el independentismo votará en contra de unos presupuestos buenos para Cataluña, y la derecha de unos presupuestos buenos para España", ha vaticinado Montero.
La intención es clara. El Gobierno quiere señalar a ERC y PDeCAT por votar con el PP y Ciudadanos contra los Presupuestos Generales del Estado. Ya lo había hecho esta mañana el propio presidente Pedro Sánchez a través de su Twitter, donde ha asumido que "tras 7 años de injusticia social, las derechas y el independentismo votarán en contra de unos PGE sociales".
A golpe de tuit, Pedro Sánchez ha dado por perdidos los PGE antes incluso de que su ministra de Hacienda se subiera a defenderlos a la tribuna del Congreso. Con el pistoletazo de salida del histórico juicio del procés, el presidente ha acusado a derechas e independentistas de "confrontación" y ha a apostado por una España "cabal, moderada y progresista".
Exactamente los mismos términos que ha utilizado Montero ante los diputados de la cámara. A su juicio, estas formaciones políticas que se niegan a permitir que los Presupuestos pasen el tramite en el Congreso, "viven mejor en la confrontación que en las soluciones". La titular de Hacienda ha recordado que el Gobierno ofreció un proceso de negociación a todos los grupos y que recibió aportaciones "exigentes y discrepantes, pero muy positivas", por ejemplo, de Unidos Podemos. No fue el caso de PP o Cs, a quien ha señalado por "desentenderse" de los ciudadanos, a los que "solo miran como votantes".
Tampoco fue fructuosa la negociación con los partidos proclamados independentistas, quienes "tuvieron la ensoñación de que el Gobierno iba a aceptar lo inaceptable", ha dicho Montero, para dejar claro en referencia a la exigencia de ERC y PDeCAT de permitir otro referéndum sobre la autodeterminación en Cataluña que el Ejecutivo no va a pasar por ese aro. "No lo vamos a hacer, ni podemos ni queremos, porque sería nocivo para toda España y especialmente para Cataluña", ha sentenciado.
Argumento para la campaña electoral
A un día de la votación parlamentaria que derribará los Presupuestos si no se dan cambios de última hora en el seno de los partidos independentistas, la ministra ha sido tajante respecto a las posibles negociaciones 'in extremis': el Gobierno no hará nada fuera del ordenamiento constitucional. Esto deja poco margen para conversar con ERC y PDeCAT, cuyos votos son fundamentales para que se sigan tramitando los PGE, y ayuda a consolidar el argumento que está forjando el Ejecutivo de cara a preparar ya la campaña electoral que podría precipitarse: Sánchez no ha cedido al chantaje de los independentistas, que además se retratarían al posicionarse en la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos junto a PP y Ciudadanos.
En un último intento por elevar la presión a neoconvergentes y republicanos catalanes, el Gobierno filtró ayer a la agencia EFE la posibilidad de adelantar las elecciones generales al 14 de abril. Los independentistas ya han advertido de que no retirarán sus enmiendas ante la amenaza de un adelanto electoral y, así las cosas, de momento el 'no' a los PGE (los votos a favor de que prosperen las enmiendas a la totalidad) suma a PP (134 diputados), Ciudadanos (32), ERC (9), PDeCAT (8), CC (1) y FA (1), con el apoyo de UPN (2). Esos 187 votos tumbarían los Presupuestos, frente a los 162 de PSOE (84), Unidos Podemos (67), PNV (5), Compromís (4) y EH Bildu (2). NC (1) ya ha anunciado su abstención.
Más allá del discurso político y los argumentos en clave electoral, respecto a las cifras, la ministra ha aportado poca novedad. Sea caso, un dato: ha advertido de que los PGE para 2019 conllevan una renta indirecta en forma de prestaciones y servicios públicos equivalente a 4.174 euros por ciudadano, se eleva a 5.148 euros si se tienen en cuenta los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas por las transferencias del Estado. Si las cuentas son devueltas, ha avisado, el déficit público se elevaría al 2,2% o 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al objetivo oficial del Gobierno del 1,3%.
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