La patronal del turismo reclamará al próximo gobierno un nuevo marco legal y fiscal que compense los déficits de financiación que sufren los municipios más turísticos del país. Su petición busca acabar con los problemas derivados de la masificación que sufren y que obligan a los ayuntamientos de los principales destinos de sol y playa a incrementar sus gastos para garantizar la prestación de servicios públicos ante la llegada de visitantes. Para solventarlo, Exceltur aboga por desarrollar una nueva Ley de Haciendas Locales que modifique las condiciones de entrega de fondos del Estado a las entidades locales.
"Los ayuntamientos no pueden aguantar más con una financiación impropia, basada en la población residente. Los municipios turísticos pueden llegar a multiplicar por diez sus habitantes", defendió el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, en una rueda de prensa celebrada ayer en Madrid. A su juicio, esta mejora de la financiación no puede realizarse con "más impuestos penalizantes" que tratan de ser "compensatorios de una actividad indeseada".
"Con los niveles de crecimiento de empleo, facturación y actividad que estamos generando, no nos penalicen indebidamente con este tipo de tasas, que luego son empleadas con una arbitrariedad que no favorece a los intereses turísticos", exclamó. Precisamente, la imposición o derogación de "tasas turísticas" formó parte del debate electoral de las elecciones del 28 de mayo en muchos municipios españoles, que son quienes ostentan la competencia al respecto.
El comité de expertos del Congreso de los Diputados encargado de la revisión del régimen de financiación local se pronunció al respecto en 2017, abogando por su implementación como "impuesto sobre las estancias turísticas". En su exposición, este comité, consensuado entre los distintos partidos, alegaba que "la mayoría de los costes que provocan los turistas son soportados por las entidades locales" al afectar a temas como la seguridad ciudadana, la limpieza viaria o el transporte público. Por esta razón, consideraban que era "muy razonable" que los turistas "contribuyan, aunque sea modestamente, a la financiación de unos servicios de los que disfrutan".
La reforma de la financiación, asignatura pendiente
La revisión del sistema de financiación local es uno de los grandes asuntos que, una legislatura más, han vuelto a quedar pendientes de resolución por falta de acuerdo entre los distintos actores políticos. Todos los partidos admiten públicamente que las aportaciones del Estado a ayuntamientos y comunidades autónomas deben ser revisadas, en la misma línea que estas reclaman recibir más fondos por parte del Estado.
El sistema de financiación local vigente establece dos modelos de reparto, uno para grandes ciudades y otro para el resto de municipios. En el primero participan municipios de más de 75.000 habitantes y capitales de provincia o autonomía, aunque no alcancen esa cifra. Las grandes ciudades reciben una participación de lo recaudado por aplicación del IVA, IRPF o impuestos especiales sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos en esos territorios (entre el 1% y 3% de estos), además de una transferencia estatal que les garantiza cierto umbral de ingresos año a año.
De su lado, los pequeños municipios sólo reciben esta transferencia estatal, fijada por una fórmula que otorga un importante peso a su población residente, que también tiene en cuenta el esfuerzo fiscal medio y que se actualiza año a año. Aquí se encuentran la mayor parte de municipios turísticos, para los que la ley reserva la cesión del 2% de los tributos sobre hidrocarburos y tabaco que se generan en sus comercios. Para poder optar al mismo deben tener más de 20.000 habitantes y más segundas residencias que viviendas habituales.
La sensación generalizada en la mayor parte de municipios turísticos (así como de autonomías) es de insatisfacción con el actual sistema de financiación local. Los ocho principales destinos vacacionales del país, que acogen a casi el 10% de los turistas internacionales que cada año llegan a España —Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos— constituyeron una alianza al respecto para posicionar su agenda y reclamar este tipo de reformas. La decisión estará, de nuevo, en manos de las nuevas Cortes Generales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios