Murcia y País Vasco son las autonomías que más han aumentado su deuda la última década. Con todo, no son las que presentan una peor situación financiera, un puesto que ostenta Comunidad Valenciana, con un nivel de endeudamiento del 42,5% del PIB, y Cataluña, cuyo volumen de pasivo supera los 75.000 millones de euros. Una situación compleja para la que la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde) propone soluciones como establecer objetivos de déficit diferenciados, reestructurar sin quitas la deuda autonómica o crear nuevos fondos de reserva.
La Rifde, una red que pertenece a la Universidad de Vigo, acaba de publicar un estudio que analiza el comportamiento del pasivo autonómico entre 2006 y 2016. Un año antes de estallar la crisis, el peso de la deuda valenciana en relación a su PIB era del 11,5%. En el caso de Castilla-La Mancha ha pasado del 4,4 al 37%; en Cataluña, del 7,8 % al 35,4%, y en Baleares, del 6,7% al 30,1%.
Sin embargo las que más han elevado su pasivo en este periodo han sido Murcia, donde se eleva del 2,6 al 29,1% y País Vasco, donde repunta del 1,5% de 2006 al 14,5% el año pasado. Por el contrario, Madrid es la comunidad con un menor peso relativo del pasivo (es del 14,4% frente al 5,6% de 2006), seguida de País Vasco, con el 14,5%, y Canarias, con el 16%.
El Estado es el principal acreedor de Cataluña, puesto que la autonomía le debe dos terceras partes de su pasivo vía FLA
De los 75.000 millones de euros que debe Cataluña, 52.000 millones de euros, dos terceras partes, se los adeuda directamente al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica. La red estima que que estos fondos adicionales, que se aprobaron en el año 2012 deberían eliminarse en un "breve plazo" o, en su defecto, ser clarificados e individualizados y no mantenidos con carácter general e indefinido.
Para avanzar hacia la sostenibilidad presupuestaria autonómica, el estudio aconseja modificar los procedimientos con que se definen los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto. Los cambios debería aprobarlos el Senado, o el Consejo de Política Fiscal y la Conferencia de Presidentes.
Al igual que han recomendado otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) proponen fijar objetivos de déficit y deuda asimétricos, teniendo en cuenta que las autonomías parten de situaciones muy diferentes, de modo que se establezcan sendas de consolidación fiscal más realistas.
Según esta red de profesionales, hay "un amplio consenso" sobre la necesidad de reestructurar la deuda autonómica, incluyendo plazos, carencias e intereses, sin que ello implique quitas ni condonaciones. No en vano esta fue una de las propuestas sobre las que llegaron a debatir los expertos a los que el Ministerio de Hacienda encargó la elaboración de una propuesta para reformar la financiación autonómica.
Otras propuestas pasan por instaurar fondos de estabilización económica o fondos de reserva en el ámbito autonómico, que servirían de complemento a la regla de gasto y a los límites al déficit y a la deuda. Así se favorecería la estabilidad de los presupuestos, sobre todo para garantizar los servicios públicos fundamentales, y amortiguar las caídas bruscas de recursos.
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