Sevilla, 10 oct.- La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares no han pedido prisión pero sí fianzas civiles para los dos primeros imputados que esta noche han comparecido ante la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, tras ser detenidos en relación con el cobro de sobrecomisiones.
Siete detenidos han pasado a disposición de la juez, entre ellos Manuel Enrique Rodríguez Contreras, ex gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla; Salvador Mera, secretario general de UGT en Cádiz; Roberto Carmona, exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía, y el exsindicalista de CCOO en Córdoba Francisco Casado.
La juez les ha imputado delitos de tráfico de influencias, falsedad y contra la Hacienda Pública y tanto la Fiscalía como las acusaciones solo ha pedido para Salvador Mera y Roberto Carmona que se personen dos veces al mes en el juzgado y que depositen una fianza civil de 188.700 y 240.000 euros, la cantidad que presuntamente pidieron a la aseguradora Uniter.
Las declaraciones terminarán la próxima madrugada, aunque está previsto que la mayor parte de los imputados se acojan a su derecho a no declarar, entre ellos Rodríguez Contreras, a quien la Guardia Civil acusa de haber tenido "una intervención esencial para la consecución de determinadas ayudas ilícitas", algunas para personas de su círculo próximo o de su municipio de Las Navas de la Concepción (Sevilla).
Este imputado, que al ser detenido era director de Empleo en la Diputación de Sevilla, era además "perfecto conocedor del sistema opaco por el cual se concedían estas ayudas a empresas y además se arrogaba la potestad de comprometer subvenciones que de hecho finalmente se concedieron con ausencia de procedimiento", según el atestado de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Efe.
Mera, según la Guardia Civil, solicitó dinero a la mediadora Uniter para "una serie de gastos genéricos y no cuantificados específicamente que en realidad, según todos los indicios, corresponderían más bien a una financiación irregular de las organizaciones sindicales".
La Guardia Civil recuerda en su atestado que solo Uniter realizó pagos al entorno de los sindicatos UGT y CCOO establecidos en 3.253.031 euros hasta el momento.
El sindicalista "negoció directamente" con José González Mata, dueño de Uniter, el pago de la comisión a su sindicato "con pleno conocimiento de la ilicitud de la misma", algo que también atribuye la Guardia Civil a Roberto Carmona gracias a sus responsabilidades en el sindicato CCOO durante casi 20 años.
A Angel Quesada, apoderado de la empresa que gestiona el hotel Don Pedro de Torremolinos (Málaga), la Guardia Civil le ha imputado haber hecho un pago de 387.277 euros al "conseguidor" Juan Lanzas.
El exsindicalista de CCOO en Córdoba Francisco Casado ha sido imputado por mantener "relaciones comerciales ficticias" con las empresas de los mediadores en los ERE y haber conseguido un trato de favor en el ERE de la empresa Asean Brown Bovery (ABB) para su hermano también imputado, José Manuel Casado, que fue presidente del comité de empresa de esa compañía.
Otro imputado, Gerardo de la Cruz Elías, ha sido imputado por haber favorecido la consecución de los hechos ilícitos e incluso se habría podido beneficiar de las ayudas concedidas a través de la empresa sevillana El Venero de Móstoles.
El séptimo que ha pasado a disposición judicial, el empresario Juan Jesús Sánchez Alvarez, detenido en Segovia, ha sido imputado como "responsable directo" de los pagos efectuados al testaferro de los ERE Juan Francisco Algarín y destinados a Lanzas en concepto de comisiones por su participación en los ERE.
La llegada de los imputados a los juzgados de Sevilla a partir de las 18.30 horas, esposados y bajo custodia de la Guardia Civil, ha sido recibida con gritos de "libertad" por varias decenas de personas que esperaban desde primera hora de la mañana.
Estas personas, que en su mayor parte portaban pegatinas de CCOO, han increpado también con gritos de "hortera, fea y pepera" a la juez Alaya.
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