Cuatro consejeros procedentes del Ministerio de Hacienda, dos nombrados por la Vicepresidencia del Gobierno, otros dos por el Ministerio de Economía y uno en representación de los ministerios de Agricultura, Industria, Trabajo, Fomento, Defensa y Transición Ecológica. El Gobierno optó el pasado 26 de junio por la mayor diversidad posible a la hora de configurar el Consejo de Administración de la SEPI - el hólding de empresas dependiente del Estado- y ahora le toca lidiar con los pulsos entre ministerios por situar en los puestos de mayor relevancia de las empresas públicas a sus candidatos predilectos.
La decisión del Gobierno respecto a la composición del Consejo de Administración de la SEPI ha diluido el poder que el Ministerio de Hacienda acumuló en el hólding empresarial público en la época de Cristóbal Montoro. Su sucesora, María Jesús Montero, sí ha podido designar al nuevo presidente del grupo empresarial, el que fuera su Interventor General en la Junta de Andalucía, Vicente Fernández Guerrero, pero ha perdido peso específico en el órgano de administración de la compañía y también en los nombramientos.
Hasta ahora, según confirman fuentes del tejido empresarial público, ha sido Moncloa la que ha impuesto su criterio a la hora de decidir la elección de Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, para presidir el Grupo Correos; o proponer al periodista Fernando Garea para la Presidencia de la Agencia EFE, al igual que ha ocurrido con otras empresas públicas de fuera del perímetro de SEPI como Renfe, Paradores o AENA, donde han acabado personalidades estrechamente vinculadas a la política como el ex secretario de Estado de Infraestructuras del Gobierno Zapatero, Isaías Táboas (Renfe); el ex número tres del PSOE, Óscar López (Paradores); o Maurici Lucena (AENA), que fuera presidente del CDTI en la era Zapatero y miembro del equipo económico de Sánchez.
Sin embargo, hay 13 empresas -de las 15 que configuran el Grupo SEPI- sobre las que el Gobierno no ha tomado una decisión en ningún sentido, bien arbitrando un relevo o bien confirmando a sus actuales equipos directivos, y ese umbral de incertidumbre no sólo está generando inquietud entre sus trabajadores, como admiten las fuentes sindicales consultadas por La Información, sino que también ha desencadenado una lucha de poder en el seno de la SEPI entre los diferentes ministerios por controlar los futuros nombramientos, según confirman fuentes de diferentes empresas que aún esperan conocer su futuro.
Mecanismos de 'sucesión'
El próximo viernes se reunirá el renovado Consejo de Administración de la SEPI y sobre la mesa estará la decisión sobre los eventuales relevos a ejecutar en la dirección de las empresas del grupo. Aunque el flujo de cambios que se produce en este ámbito cuando cambia el color del Gobierno pudiera llevar a pensarlo, las empresas públicas no son como los ministerios. Los mecanismos de 'sucesión' de sus responsables son algo diferentes y obligan a tratar el asunto en sus órganos de administración y dirección, tanto en lo que se refiere al cese como al potencial nombramiento de directivos. Un procedimiento que, en algunos casos, podría complicar y hasta demorar cualquier eventual relevo.
Por ejemplo, el Gobierno puede encontrar dificultades si pretende que la renovación en la cúpula de las empresas públicas alcance a Navantia. El actual presidente, Esteban García Vilasánchez, nombrado en abril de 2017, no solo goza de una aceptación general tanto en la compañía como en los representantes de los trabajadores por su condición de 'hombre de la casa' sino que también ha impulsado un proceso de renovación de los astilleros públicos que tiene como principal hito el Plan Industrial, que según fuentes sindicales está ya muy avanzado.
Los sindicatos reconocen que en el actual momento de la empresa el relevo del presidente sería un paso atrás en el plan de reactivación de los astilleros públicos y esperan que el Gobierno dé continuidad a la actual Dirección al menos hasta alumbrar el esperado Plan Industrial, que incluye el primer plan de contrataciones en lustros.
Del mismo modo, uno de los asuntos a tratar será el Grupo Tragsa. Existe el convencimiento general de que el Gobierno de Sánchez relevará más temprano que tarde a la actual presidenta del gigante público de los servicios, Elvira Rodríguez, por su condición de persona estrechamente vinculada a los gobiernos del PP y al propio Cristóbal Montoro. No obstante, que no lo haya hecho hasta ahora revela que no ha sido una de las prioridades del Gobierno.
Los de Tragsa y Navantia son los casos más emblemáticos, pero las fuentes consultadas aseguran también que hay otras compañías en las que se espera con especial inquietud la decisión que pueda adoptar la nueva Dirección de la SEPI. Citan en este grupo el caso de la emblemática compañía minera pública, Hunosa, cuya significativa pérdida de actividad económica en los últimos años no ha restado relevancia social; el Grupo Mercasa, que agrupa la red estatal de mercados de abastos; el Grupo Sepides, el brazo financiero del Grupo SEPI; o el Hipódromo de la Zarzuela.
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