En el año 2012, con mayoría absoluta en el Congreso y un dominio aún más aplastante en el Senado, Cristóbal Montoro determinó en su reformulación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el primer trámite del proyecto de Presupuestos Generales del Estado - la aprobación del techo de gasto y de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para los próximos tres años - tendría que contar con el respaldo mayoritario tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta para seguir adelante. El rechazo de cualquiera de las dos cámaras determinaría la devolución de la propuesta del Consejo de Ministros al Gobierno y el re-inicio del trámite. Así lo dice el punto 6 del artículo 15 de la ley que rige la elaboración y la tramitación de los proyectos presupuestarios en el Reino de España.
Seis años después este requisito aparece como la principal amenaza para que el Gobierno saque adelante los Presupuestos de 2019, cuyo techo de gasto ya ha avanzado que quiere presentar antes de que finalice el mes de julio. De hecho, desde el Gobierno ya se ha empezado a trabajar en cómo sortear esta disposición legal que pondría en manos de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado la llave para bloquear el primer y necesario trámite del proyecto de Presupuestos para 2019, según aseguran fuentes parlamentarias.
La fijación del techo de gasto supone el pistoletazo de salida del proyecto presupuestario según el trámite establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es el límite máximo de gasto en que puede incurrir la Administración española en un ejercicio determinado, en 2019 deberá ajustarse no solo a la regla de gasto española sino a la más exigente regla de gasto de la Unión Europea, una vez fuera del Procedimiento de Déficit Excesivo, y su importancia es decisiva ya que no solo condiciona los Presupuestos del Estado sino también los del resto de las Administraciones Públicas territoriales.
La situación es nueva, porque desde la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria nunca antes había existido esta incertidumbre sobre la aprobación del paquete presupuestario conformado por el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda, y esto abre también dudas sobre la incidencia real de la legislación vigente a la hora de detener por un requisito previo toda una Ley de Presupuestos.
En el Ministerio de Hacienda están convencidos de que es posible tramitar el proyecto presupuestario, aún con un eventual rechazo del Senado al techo de gasto y a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2019-2021. Recuerdan que la Ley de Estabilidad no exige en ninguno de sus artículos que el techo de gasto propuesto por el Gobierno deba ser aprobado por el Congreso y el Senado, sino que limita esa obligación a los objetivos de estabilidad y deuda, y entienden que el proyecto de Presupuestos no tiene por qué bloquearse por un eventual veto del Senado a aquéllos. No todos lo tienen tan claro.
Existen dudas razonables tanto en áreas del Ejecutivo como en el Parlamento sobre la trascendencia real de este artículo y sobre la posibilidad de poder tramitar los Presupuestos sin el correspondiente 'ok' de las dos cámaras. La prueba es que ya se han encargado a los letrados del Congreso varios estudios jurídicos para analizar las posibilidades legales de iniciar la tramitación del proyecto presupuestario ante un eventual rechazo del Congreso o del Senado a la propuesta gubernamental de techo de gasto y objetivos de estabilidad y deuda, es decir, sorteando el artículo 15.6 de la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, según confirman a La Información fuentes parlamentarias.
La salida de una 'prórroga presupuestaria'
A la espera de ver qué determinan esos análisis jurídicos, el Gobierno y su entorno han empezado a analizar todos los posibles escenarios en orden a evitar un posible veto 'popular'. Uno de ellos pasa por asumir los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública presentados por el Gobierno para los Presupuestos de 2018 y ya aprobados por ambas cámaras. "En realidad, los objetivos de déficit y deuda para 2019 ya están aprobados por el Parlamento. Se aprobaron para los Presupuestos de 2018 y entendemos que no habría ninguna objeción legal para tramitar los Presupuestos de 2019 si se respetan esos objetivos", aseguran fuentes del Grupo Socialista.
En otras palabras, el Gobierno de Sánchez 'prorrogaría' los objetivos aprobados el año pasado para permitir seguir adelante sus cuentas públicas para el año que viene. Esta opción parte de la base, también defendida por Hacienda, de que el techo de gasto presupuestario no se somete a la aprobación de Congreso y Senado sino que simplemente se informa y de que, por tanto, un rechazo al mismo no impide su utilización como base para un proyecto presupuestario.
La tercera vía es la del cambio legal. El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos registró el pasado mes de marzo una proposición de ley orgánica para la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, actualmente en fase de enmiendas, en la que, entre otras cosas, se planteaba la modificación del artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para arrebatar al Senado el derecho de veto sobre los objetivos de déficit y deuda.
El Congreso y el Senado seguirían pronunciándose sobre la propuesta del Gobierno, pero ésta sólo se devolvería al Ejecutivo si el Congreso la rechazara. Según las fuentes consultadas, esta vía es la que se entiende como menos viable.
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