El examen anual a España de la OCDE valora que el Gobierno se haya decidido a actuar sobre las pensiones y en concreto sobre la brecha existente entre la edad real a la que se jubilan los trabajadores españoles y la edad legal de jubilación, que en los últimos años ha venido observando como una de las principales distorsiones del sistema y como una de las principales amenazas para su sostenibilidad futura, pero desliza que España tendrá que ir más allá si se quiere contener la espiral de gasto público en pensiones que se viene por el efecto del envejecimiento de la población. Y en ese sentido apunta a medidas que no están dentro de la reforma planteada por José Luis Escrivá a Bruselas, como vincular la edad legal de jubilación - actualmente en 65 años para los que acreditan más de 38 años y medio cotizados y en 67 años para los que han cotizado por debajo de ese umbral - a la esperanza de vida o por ampliar el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra, en línea con esa extensión del periodo de cálculo a los 35 años que el departamento de Escrivá llegó a manejar pero que finalmente no se plasmó en la propuesta definitiva de reforma.
El organismo advierte de que la derogación del índice de revalorización de las pensiones y la decisión del Pacto de Toledo de vincular la evolución de las pensiones al IPC disparará, en ausencia de medidas de contención, el gasto en pensiones hasta el 15% del PIB y la deuda pública hasta el 171% del PIB a la altura del año 2050, y señala la vinculación de la edad legal de jubilación a la esperanza de vida como el elemento que más puede sujetar esa evolución inercial del gasto a medio y largo plazo, con un impacto estimado según la OCDE de 0,9 puntos de PIB al año siempre que la edad legal se ampliara en un año y medio respecto a su nivel actual a la altura de 2030.
El informe subraya la contundencia de la respuesta de la Administración española a la pandemia para evitar que sus efectos sobre la economía fueran aún más demoledores y aboga por priorizar la generación de empleo durante la recuperación. A esos efectos, los analistas de la OCDE advierten de que el Gobierno tendrá que reforzar sus planes de formación para facilitar la reasignación de trabajadores actualmente bajo e paraguas del ERTE desde los sectores más afectados por la crisis a otros con un horizonte laboral más alentador y también le insta a mantener la actual regulación laboral diseñada por el Gobierno de Mariano Rajoy en la controvertida reforma del año 2012. "La actual regulación laboral que da flexibilidad a nivel de las empresas puede ayudar a estas a adaptarse más fácilmente en la fase de recuperación postpandemia", advierte el informe.
El diagnóstico del organismo multilateral señala que la crisis ha afectado especialmente a los trabajadores jóvenes y a los menos cualificados y recalca que aunque la contratación temporal puede suponer una solución a corto plazo convendría no canalizar el nuevo empleo por esa vía. Por ese motivo, apoya la iniciativa gubernamental de reducir el menú de contratos y endurecer el recurso a la contratación temporal y también recomienda al Gobierno reorientar todos los incentivos a la contratación a los trabajadores en una situación más vulnerable. La OCDE advierte en este sentido de que las fuertes subidas del Salario Mínimo Interprofesional aprobadas en los últimos años pueden ahora actuar como un obstáculo para la reinserción laboral de los trabajadores con un menor nivel de cualificación
El camino hacia la recuperación
No obstante, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha señalado este jueves que la vacunación continúa siendo la mejor estrategia de política económica con el objetivo de dejar atrás la parte más dura de la pandemia este mismo verano. Gurría ha destacado en este punto que España saldrá particularmente beneficiada de esta mejora de las expectativas por su elevada dependencia del sector turístico.
Los técnicos de la OCDE auguran una "sólida recuperación económica" con un crecimiento medio del 6% en los próximos dos años, lo que supone "uno de los niveles más altos de recuperación de toda la OCDE", ha destacado el secretario general del organismo, que ha señalado que se apoyará en la recuperación gradual del turismo, en el Plan de Recuperación y el desembalsamiento del consumo congelado durante la crisis. "Esto no quiere decir que no haya riesgos a futuro, pero el desafío de España es transformar el apoyo de Europa y los cambios derivados de la pandemia en una oportunidad". El organismo le da a España el beneficio de la duda y ha mejorado su previsión de crecimiento para este año, del 5,7% al 5,9%, y también para 2022, hasta el 6,3%, frente al 4,8% de su anterior previsión
La OCDE señala cuatro desafíos fundamentales para España en los próximos meses: el mantenimiento de las medidas de apoyo a empresas y ciudadanos hasta que la recuperación esté claramente consolidada, aplicación de medidas que apoyen la recuperación incluyente y sostenible, el diseño de una hoja de ruta creíble de consolidación fiscal en el momento en que la recuperación esté consolidada y, por último, la aplicación de reformas que impulsen la productividad del tejido productivo español. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha respondido a esos cuatros desafíos con las cuatros prioridades de política económica que dice guiarán la acción de Gobierno: el proceso de vacunación y lucha contra el virus, el mantenimiento de un entorno de estabilidad financiera, el despliegue del plan de recuperación y la adaptación de las medidas de estímulo actuales hacia un enfoque más selectivo.
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