La oferta pública de empleo (OPE) que el Ministerio de Hacienda y Función Pública acordó con los sindicatos a finales del mes pasado ha vuelto a abrir el debate entre funcionarios e interinos. La OPE incluye 10.600 plazas para la estabilización de personal interino, es decir, para reducir la temporalidad de la administración sobre la que el Parlamento Europeo ya ha llamado la atención a España. No obstante, algunos sectores de los funcionarios de carrera ven, en la ley para reducir la temporalidad, un perjuicio, porque consideran que los interinos podrán acceder a una plaza pública sin haber "estudiado" para ella.
La ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, indica que las plazas ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2016, durante más de cinco años, se deberán convocar por el sistema de concurso. Este es el mecanismo del que se queja, por ejemplo, el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital). La diferencia frente a las plazas que lleven ocupadas entre tres y cinco años es que estas sí deben someterse a un examen (oposición), además del concurso donde se evalúan los méritos.
Desde Cosital consideran que "la solución a la gran cantidad de vacantes no pasa por procesos de estabilización, sino por otras medidas, entre las que destaca la previsión de sucesivas ofertas de empleo generales que incluyan todas las plazas vacantes existentes". "El Consejo General considera que cualquier proceso selectivo de acceso a la habilitación nacional que se aborde tiene que estar basado en estrictos principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; no puede aceptar y combatirá cualquier proceso que se realice al margen del régimen ordinario (oposición y curso selectivo)", reivindica.
Varios funcionarios en esta situación consideran que se produce un "agravio" si se tiene en cuenta el proceso al que ellos se enfrentaron. Además, han creado una asociación de profesionales dependientes de la Administración General del Estado (AGE) pero que desempeñan su función en administraciones locales. Esta agrupación (Apsital) ha convocado una manifestación el próximo 14 de junio en contra del proceso de estabilización aprobado en la OPE de este año porque consideran que se evaluará por méritos el acceso a unas plazas que sí se han venido convocando en los últimos años.
La situación es distinta para aquellos empleados que ocupen un puesto en interinidad por un periodo de entre tres y cinco años. Estos sí deberán enfrentarse a un concurso-oposición. La fase del concurso tendrá un peso del 40% para los interinos que lleven más de tres años en la Administración y menos de cinco. Según contempla la legislación, los interinos que no superen las pruebas de la oposición tendrán derecho a ser indemnizados con 20 días por año trabajado hasta un límite de 12 meses y podrán incorporarse a bolsas específicas o a las bolsas ya existentes.
Fuentes sindicales se enfrentan a este tema con prudencia porque son conscientes de que las organizaciones representan a empleados públicos en muchas situaciones distintas. Además, se encuentran en plena negociación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para definir la letra pequeña de las convocatorias de la administración general del Estado (AGE) que se publiquen y que estas no perjudiquen a ningún trabajador. Desde Csif defienden que velarán por la "seguridad jurídica" y porque se establezca un único criterio en todo el Estado. En UGT reconocen que es un tema "controvertido" pero apelan a la negociación para lograr un criterio que beneficie a los empleados públicos. Por su parte, en CCOO se comprometen a estar "vigilantes" para que no se vea perjudicado ningún aspirante.
Encontrar el equilibrio
El objetivo de la ley es estabilizar plazas que ahora mismo están ocupadas por personal temporal cuando deberían estarlo por un funcionario. Si esta situación no se ha producido es porque la administración no ha convocado las ofertas públicas necesarias, subrayan desde los sindicatos. En este sentido, consideran "injusto" que a algunos trabajadores públicos les parezca mal este proceso de estabilización que solo evalúa los méritos si esta plaza se ha ocupado durante más de cinco años. Además, a estos concursos se podrá presentar cualquier candidato, por lo que los interinos corren el riesgo de no consolidar una plaza si otro aspirante tiene más méritos aunque éste no la haya ocupado con anterioridad.
Ante este escenario, los representantes de los empleados públicos buscan el equilibrio para contentar a todos los trabajadores. Una de las propuestas de CCOO pasa por valorar no solo los méritos para el puesto, sino también de las funciones para desarrollar. De esta forma, consideran, los interinos podrían tener más opciones para optar a diferentes puestos que se abran como parte del proceso de estabilización. No obstante, todas las fuentes asumen que el punto de encuentro entre funcionarios e interinos es muy complejo.
Todas las administraciones públicas han tenido que aprobar en los boletines oficiales las ofertas de empleo público antes del 1 de junio. Ahora, las convocatorias se deberán desarrollar antes de diciembre del próximo año. El departamento que dirige María Jesús Montero tiene el compromiso de acelerar las incorporaciones para que las ofertas públicas de empleo no se eternicen y también para reducir la temporalidad en el sector público, en un momento de auge del empleo privado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios