El Gobierno ha iniciado de nuevo los trámites para aprobar el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible después de que el anterior intento quedase suspendido por el cambio de legislatura. El contenido entre las dos propuestas se mantiene íntegro con la excepción del estudio para implementar peajes en las autovías, que se suprime. Al tratarse de un acuerdo alcanzado con la Unión Europa, se ha negociado su intercambio por un aumento de las inversiones en el transporte de mercancías por ferrocarril, según ha confirmado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
En concreto, el acuerdo alcanzado con la Unión Europea contempla tres premisas principales: desarrollar autopistas ferroviarias, bonificar los cánones que Adif cobra a los operadores durante 5 años y lanzar apoyos e incentivos al sector. El objetivo principal es alcanzar el 10% de cuota de transporte de mercancías por ferrocarril, frente al 4% actual, para lo que ya se han activado inversiones como los 1.700 millones del Puerto de Algeciras, la ampliación del Puerto de Valencia o el desarrollo de los corredores Atlántico y Mediterráneo.
Cuatro objetivos principales en la ley
Además de esta medida el anteproyecto de ley que abarca la entrada de la competencia en algunas líneas de autobús, la creación de un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible o la tasa que los ayuntamientos podrán crear para cobrar a los vehículos al entrar a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Respecto a estas, Puente ha recordado que se trata de un peaje opcional al que la ley no obliga, sino que solo da cobertura legal para que se puede llevar a cabo si alguna corporación local quiere hacerlo.
En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros que ha aprobado la tramitación, Óscar Puente ha explicado que esta ley persigue cuatro objetivos principales: reconocer la movilidad como un derecho, descarbonizar el transporte, aumentar la eficiencia del gasto público y digitalizar el sector. De esta forma, su ambición es ahorrar hasta 8.000 millones de euros en gastos públicos en una década, así como aumentar la productividad de las empresas en un 3% en ese mismo periodo de tiempo.
"Se pretende que nuestro país, que ya es un referente en materia de infraestructuras, tenga una movilidad a la altura, donde el transporte garantice el acceso a derechos como el trabajo, el ocio o la salud, respetando las competencias del resto de administraciones y alcanzando el consenso necesario con los grupos parlamentarios". El ministro también ha detallado que la elaboración de esta ley responde a tres razones: su carácter económico --la movilidad supone el 13% del gasto de los hogares, 800.000 empleos y más del 5% del PIB--, la necesidad de declarar la movilidad como un derecho y la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.
El objetivo es aprobar el texto definitivo antes del 30 de diciembre de este año, fecha limite del el marco de la entrega de los fondos europeos, un hito que está supeditado a la aprobación de esta ley.
Críticas a la derecha por la eliminación de carriles bici
El ministro ha lamentado que se están invirtiendo hasta 1.500 millones de euros en la implementación de las ZBE, y sin embargo ayuntamientos como Valencia, Logroño, Elche o Valladolid están revertiendo las actuaciones en movilidad sostenible, como los carriles bici, por cuestiones ideológicas. "Esto no sucede en ningún país de la Unión Europea, salvo en España y tiene un nombre, se llama coalición partidista entre PP y Vox, se llama introducir a la extrema derecha negacionista en los gobiernos, se llama convertir la salud en un objeto de disputa política, cuando la salud no tiene color político. Los pulmones de los ciudadanos, de todos, de los de izquierdas y de derechas, son los mismos y se benefician de un aire limpio por igual", ha señalado.
Asimismo, Puente ha vuelto a apelar a Francia para acelerar las conexiones transfronterizas, al entender que el derecho a la libre circulación de mercancías por Europea "no sirve de nada" si no están las infraestructuras necesarias.
