El peso que el Gobierno en funciones ha otorgado a los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, conocidos como PERTE, en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia obligará a simplificar al máximo las condiciones de acceso a estos instrumentos para incentivar la presentación de propuestas por parte de las empresas y evitar problemas como los del PERTE VEC, del que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tuvo que realizar una segunda convocatoria al quedar sin adjudicar cerca de 2.200 millones del primero por la "excesiva complejidad" del procedimiento o por las limitaciones que ha supuesto el calendario.
Esta es una de las conclusiones de la nota técnica sobre la adenda que ha elaborado la consultora LLYC, donde se recuerda que un importante número de solicitudes han quedado fuera de estos mecanismos por las trabas burocráticas que han llevado aparejados. El informe considera un acierto destinar los fondos no reembolsables -los 83.160 millones en préstamos a los que opta España- a reforzar los PERTE, dado que estos permiten llevar a cabo proyectos con un mayor volumen de inversión y objetivos estratégicos definidos.
La adenda, que recibió recientemente el visto bueno de la Comisión Europea y ahora espera el veredicto de los Veintisiete vía Consejo Europeo, dejó fuera de la financiación del programa Next Generation EU las inversiones destinadas al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o a los ERTE subvencionados. Fuentes próximas a la Moncloa justificaron ese cambio en la decisión del Ejecutivo en funciones de priorizar la inversión productiva.
El reto que conlleva el mayor peso de las CCAA
La consultora considera que la previsible aprobación de la adenda por parte de los Veintisiete en las próximas semanas es una noticia positiva para España que permitirá tanto la llegada de más de 10.000 millones de euros adicionales en subvenciones como la posibilidad de acceder a una cantidad muy relevante de préstamos con los que "seguir apoyando inversión estratégica en nuestro país". Esta oportunidad implicará también un reto notable, el de gestionar 94.300 millones de euros más, en un escenario además de mayor protagonismo para las autonomías.
En la consultora echan en falta que el documento remitido por el Gobierno en funciones a Bruselas no mencione este desafío, como sí lo hizo la propia Comisión en su último informe sobre la implementación del Plan de Recuperación nacional. Las autoridades europeas hicieron hincapié entonces en la necesidad de reforzar la capacidad de gestión de los fondos por parte de la Administración Pública española. "Sin duda, se trata de un factor que será clave para poder materializar la ocasión que se nos brinda", apunta el equipo de LLYC.
La ausencia de nuevas reformas estructurales
Desde la firma lamentan la "escasa ambición" y la ausencia de reformas estructurales nuevas entre las incorporadas a la adenda. Consideran que estas medidas son más bien reformas de continuidad, muchas de ellas ya en marcha, que en la práctica no van a suponer grandes dificultades para su aprobación en el caso de un escenario de continuidad del actual Gobierno. De este modo, entienden que la adenda "no servirá para profundizar en reformas de calado", como podría ser la del funcionamiento de la Administración Pública o la mejora de las condiciones de competencia en diversos sectores del mercado en España.
En líneas generales, los expertos de LLYC valoran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya sabido aprovechar el texto para introducir modificaciones que permitiesen la ampliación de los plazos de ejecución de los hitos de la reforma y de los objetivos de inversión previstos. Esta oportunidad ha sido bien aprovechada, puesto que las autoridades españolas han negociado retrasar 2 hitos y 28 objetivos previstos en el calendario original para 2023, alegando en la mayoría de los casos razones externas para motivar su retraso, como las roturas en las cadenas de suministro o el aumento de los costes que ha traído consigo la crisis inflacionaria.
El Gobierno ha sabido jugar bien sus cartas con el calendario
"Lo más relevante sin embargo se encuentra en la flexibilidad demostrada por Bruselas respecto a varios programas clave, relacionados con el hidrógeno, la economía circular, el vehículo eléctrico y la descarbonización industrial", señalan. De acuerdo con el texto de la adenda, el hito relevante de cara al calendario de desembolsos acordado con la Comisión será -en el caso de los proyectos financiados por convocatorias lideradas desde IDAE, Fundación Biodiversidad o ENISA- la propia concesión de la ayuda y no la finalización del proyecto.
Se trata de un total de 5.830 millones de euros (3.580 millones en concepto de subvenciones y 2.250 en préstamos) que irán a parar a convocatorias como la de Cluster del Hidrógeno Verde, cuyos proyectos no deberán estar finalizados en julio de 2026, sino tener las ayudas otorgadas. Lo mismo sucede con los programas financiados por los fondos de inversión a los que irá destinada gran parte de los préstamos de la adenda. España consigue así más plazo en convocatorias muy significativas sin estar sujeta a un eventual cambio de Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que requeriría, en su caso, aprobación de los 27 parlamentos nacionales.
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