La adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que recibió la pasada semana el visto bueno de la Comisión Europea y ahora espera el veredicto de los Veintisiete vía Consejo Europeo, dejó fuera de la financiación del programa Next Generation EU las inversiones destinadas al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Fuentes próximas a la Moncloa justificaron ese cambio en la decisión del Ejecutivo en funciones de priorizar la inversión productiva. De este modo, los fondos que hasta ahora se destinaban a programas de inclusión para los beneficiarios del Ingreso Mínimo y aquellos destinados al mecanismo Red de flexibilización del empleo (a los ERTE subvencionados) pasan a sufragar los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, los conocidos como PERTE.
El 'cambio de cromos' se ha producido en medio de las críticas de organismos como la Autoridad Fiscal al diseño en origen del Ingreso Mínimo, que ha impedido hasta la fecha contar con datos evaluables para tasar su eficacia. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, lamentaba esta semana cómo España no está preparada para evaluar sus políticas públicas, que no tienen objetivos concretos y cuantificables, y ponía el IMV como ejemplo de formulación "simplista" de una política, dado que únicamente se dice que su objetivo es prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social y garantizar nivel mínimo de renta en todo territorio.
Sin embargo, apostillaba Herrero, ni hay una definición de pobreza ni se especifica si lo que se quiere cubrir con el IMV es el 60% de la renta mediana –como se utiliza en el ámbito internacional- o el 40%, otro indicador que también se emplea en ocasiones. Esta no es la primera vez que la AIReF hace referencia a la dificultad de fiscalizar el IMV, dado que el organismo tiene encomendada una evaluación anual de la medida. El último, publicado en el mes de junio, puso de relieve que el dato publicado de forma mensual por el Ministerio de José Luis Escrivá se correspondía con el número acumulado de beneficiarios que habían recibido la ayuda en algún momento desde su aprobación en marzo de 2020 en el marco de la pandemia de coronavirus.
La autoridad fiscalizadora ya emitió un informe en junio donde estimaba que el IMV había llegado sólo al 35% de los 800.000 beneficiarios potenciales y se había “estancado” en los 284.000 hogares, sin apenas variación a lo largo de todo 2022. El registro de septiembre refleja que la ayuda habría llegado desde esa fecha (2020) a 690.214 familias y más de dos millones de personas, de las que cerca de la mitad son menores. Sin embargo, la cartera de Seguridad Social evita facilitar el dato desagregado y defiende que el total aporta “la foto más precisa” de su impacto, según sostuvo el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, esta semana.
Proyectos para beneficiarios del IMV
En origen, el Plan de Recuperación incorporaba, dentro del Componente 23, la puesta en marcha de varios proyectos piloto para crear itinerarios de inclusión social destinados a los beneficiarios del IMV con el objetivo de reducir la desigualdad en renta y las tasas de pobreza. Se desarrollaron a través de dos Reales Decretos aprobados en octubre de 2021 y mayo de 2022 y el objetivo era sacarlos adelante vía convenios con las comunidades autónomas, los municipios y con las entidades del Tercer Sector. Estos programas estaban dotados inicialmente con 297,95 millones de euros y debían ejecutarse entre 2021 y 2023.
En el Boletín Oficial del Estado se estipulaba que al menos ocho tenían que estar ejecutadas hasta el primer trimestre de 2022 y al menos diez entre enero y marzo de este año. En caso de que el número de personas beneficiarias del IMV en el territorio de la comunidad o ciudad autónoma no fuese suficiente para desarrollar esta política o en caso de que fuese necesario incluir otros colectivos, se entendía que el programa podría ampliarse a otras personas en situación o riesgo de exclusión social, ya fuesen o no beneficiarias del IMV o de las rentas mínimas autonómicas (se priorizaban, así, la infancia y la juventud; las personas mayores; las personas con discapacidad; migrantes; las mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos vulnerables).
Fuentes del Ministerio que capitanea José Luis Escrivá confirman a este diario que se ha puesto en marcha un laboratorio de políticas de inclusión donde se han desarrollado 34 proyectos piloto que, con un presupuesto de 212 millones de euros, finalizarán el 30 de noviembre de 2023, si bien, algunos ya han concluido porque su ejecución se inició antes. Con ellos, explican, España habría cubierto ya el primer hito (contar con diez proyectos finalizados) y los próximos meses cumplirá el segundo. "El compromiso es entregar a Europa 18 buenas prácticas, de los 34 proyectos que tenemos en marcha", apuntan, y añaden que el grado de ejecución, en este momento, supera el 90%.
Una vez que finalice la ejecución del proyecto, en noviembre de este año, los 34 proyectos estarán en fase de evaluación hasta marzo del año que viene. Será una evaluación individual de cada uno de ellos para medir el alcance de las políticas de inclusión implementadas en cada uno. También habrá otra evaluación general de los 34, más focalizada en el procedimiento y en el reto que ha supuesto poder crear un laboratorio de estas características, esto es, basado en innovación metodológica (con ensayos aleatorizados) y de gobernanza (multiactor).
Exportar el modelo a Bruselas
El desarrollo del IMV dio lugar a sendos desencuentros entre el entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el departamento de Escrivá. De hecho, el actual secretario de Estado de esta cartera y único representante de Podemos integrado en Sumar, Nacho Álvarez, incidió en la necesidad de mejorar el diseño de esta política durante la última campaña electoral, con el objetivo de hacerla más ambiciosa. Sin embargo, tres años después España evalúa positivamente sus efectos y quiere exportar el modelo al ámbito europeo en el marco de la presidencia española del Consejo de Europa.
Un equipo encabezado por la secretaria de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua, trata de designar una serie de inversiones sociales -es decir, gasto social con retrocesos comprobados para el conjunto de la sociedad- con el objetivo de ‘protegerlas’ en la senda de ajuste fiscal que se impondrá a partir de 2024, una vez se aprueben las nuevas normas. Este trabajo que se desarrolla en colaboración con Bélgica, que ostentará la próxima presidencia rotatoria, y el Ministerio de Economía, tiene por objetivo separar estas políticas de consideraciones ideológicas y primar la evidencia científica en el desarrollo de políticas de carácter social.
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