El Congreso ha tumbado hoy el real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre y que, como principales novedades, amplía de 3 a 5 años el plazo mínimo legal del contrato y limita a dos meses el máximo de fianza. El voto en contra de Unidos Podemos por no incluir en la normativa la limitación de los precios que exigieron y dejaron por escrito en el pacto presupuestario complica la agenda económica de Pedro Sánchez cuando todavía no tiene garantizados los apoyos a sus Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Los de Pablo Iglesias han dicho 'no' al real decreto esta tarde "como acto de responsabilidad y reivindicación del acuerdo", según ha avanzado la diputada de En Comú Podem, Lucía Martín González, que ha acusado al Gobierno de dar de lado a la ciudadanía para situarse junto a los fondos de inversión, como Blackstone, al ceder a la presión que estos ejercieron durante la elaboración de la norma que debía pasar por el visto bueno del Ministerio de Economía de Nadia Calviño.
El rechazo a este real decreto había sido avanzado poco antes en los pasillos del Congreso por la portavoz de la formación morada, Irene Montero. Tampoco lo apoyarán el PP ni ERC, ni Ciudadanos, por considerar que las medidas son insuficientes y no resuelven los problemas de fondo que padece el mercado de la vivienda. Tan solo contará con el respaldo del PNV y el PDeCAT.
Podemos ya venía avisando de que estaría vigilante a las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de vivienda para garantizar el cumplimiento del pacto presupuestario que incluía la limitación de los precios de los alquileres en las zonas especialmente tensionadas. Hoy han confirmado su primer gran revés al proyecto de Sánchez, en un órdago que amenaza con poner más trabas a la tramitación de los PGE que acaba de aprobar el Consejo de Ministros.
Podemos, no obstante, ha dejado abierta la puerta a "seguir trabajando para acordar un nuevo real decreto en breve". Una opción que tendrá que valorar el ministro de Fomento, encargado de defender hoy las medidas adoptadas en materia de vivienda y alquiler ante el Congreso de los Diputados. Desde la tribuna, José Luis Ábalos ha pedido esta mañana el apoyo de los grupos parlamentarios para "dar respuesta a las cuestiones más urgentes" y ha recordado que su Gobierno sigue trabajando en la elaboración de "medidas adicionales" que pretenden dar "un giro" a la política de vivienda que, con la reforma de 2013, estimuló "subidas desorbitadas de los precios", favoreció la "especulación" y las "prácticas abusivas por parte de los fondos de inversión".
En concreto, el texto que ha llevado hoy Ábalos al Congreso ampliaba el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años, limitaba las garantías adicionales a la fianza hasta un máximo de dos mensualidades, facilitaba la adopción de acuerdos entre el propietario y el inquilino para la renovación o mejora de la vivienda, establecía que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrían a cargo del arrendador y mejoraba la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda.
También se adoptaban medidas en favor de las comunidades de propietarios ante el fenómeno del alquiler turístico de viviendas, se ofrecía más protección a los hogares vulnerables y mayor seguridad jurídica en el procedimiento de desahucio de vivienda, y se recogían medidas fiscales en favor del alquiler y otras de fomento de la accesibilidad universal.
Pero Ábalos ha querido dejar claro que este es solo el principio y que el Gobierno está comprometido con el desarrollo de toda una nueva política de vivienda, con próximas iniciativas a impulsar con perspectiva de medio plazo, como la tramitación de una Ley estatal de Vivienda que garantice el derecho constitucional a la vivienda o el Plan 20.000 viviendas a desarrollar en un plazo de 4 a 6 años, de alquileres accesibles en localizaciones que cuenten con una demanda acreditada.
Medidas adicionales en 15 días
En esta línea, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha afirmado que dentro de 15 días el Gobierno podría presentar medidas complementarias en caso de que este martes no salga adelante el Real Decreto Ley actual. El decreto ley que podría estar elaborando el Ejecutivo contemplaría previsiblemente medidas firmadas con la formación morada que, entre otras cuestiones, pide regular los precios abusivos de los alquileres en algunas zonas urbanas, cambiar el preaviso en los contratos a 6 meses, en vez de 30 días, y definir el concepto de vivienda vacía, de acuerdo con fuentes de Fomento citadas por Efe.
Las mismas fuentes han señalado que también se le ha ofrecido a Podemos tramitar el actual decreto ley como un proyecto de Ley, para ser enmendado, o bien incluir medidas de alquileres a través de enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Sin embargo, ambas opciones fueron rechazadas la semana pasada por Podemos ante la incertidumbre de que los Presupuestos no salieran adelante o la prolongación en los plazos de enmiendas de un proyecto de Ley.
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