"Está complicado", comentan fuentes de ERC. La ley de Vivienda, aprobada en el Consejo de Ministros por la coalición de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, se encuentra estancada en el Congreso por estas mismas fuerzas políticas, que no han logrado repetir esa imagen de consenso de meses atrás. "Es unas de las leyes más importantes de la legislatura", dicen unos y otros, pero la realidad es que a falta de un año para las elecciones esta ley sigue dividiendo a los dos socios de la coalición. Un escenario que deja en una encrucijada al PSOE. Por el lado de la derecha, rechazan la ley aprobada el pasado febrero y por el lado de la izquierda (donde se encuentra además los otros dos socios preferentes del PSOE, ERC y Bildu) se exigen cambios inasumibles, en principio, por los socialistas.
Fuentes de EH Bildu involucradas en la negociación aseguran que "debería aprobarse antes de que acabase la legislatura. Está Unidas Podemos ahí intentando presionar para que salga adelante. Ahora mismo no hemos avanzado nada, seguimos estancados. En este mes de septiembre no ha habido ningún avance. Nuestras reclamaciones son claras: evitar los desahucios de forma permanente, que se respete nuestras competencias y obligar a limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas no solo a aquellos que tienen más de diez viviendas sino a todos los arrendadores.
Otro de los socios habituales del Gobierno durante esta legislatura, el PNV, ni siquiera está en negociaciones con los socialistas por esta ley. "De Vivienda no sabemos nada. Es un proyecto que está bastante abandonado. Nosotros teníamos problemas en el ámbito competencial en su primera vez que se aprobó, pero ahora mismo no sabemos nada. Iremos viendo cómo se va modificando esta ley con las diversas enmiendas para decidir si estamos a favor o en contra", apuntan.
Aparte de estas reclamaciones mencionadas, hay una más, propuesta por Unidas Podemos: utilizar la Sareb (un 'banco malo' que pertenece al Estado -50,1% del capital- y que fue creado en la época de Rajoy para absorver todos los activos dereriorados de las entidades financieras) como un instrumento para garantizar el derecho a la vivienda. Para ello, piden "una gestión social de su parque de viviendas, la suspensión indefinida de los desahucios en viviendas de su propiedad en las que no haya alternativa habitacional y la movilización de su suelo urbanizable con vistas a ofrecer alquileres sociales".
De hecho, y sobre esto último, la Sareb cuenta con algo más de 43.000 inmuebles. De estas, el número de viviendas que tiene la empresa en Madrid es de 2.786, mientras que en Cataluña es de casi 13.000. Es decir, casi 11.000 viviendas más. Una situación que es completamente distinta a la de otros territorios de España, donde el número de activos es muy reducido, como ocurre en País Vasco, donde la Sareb apenas tiene 103 viviendas. En medio de esta disputa parlamentaria se encuentran los Presupuestos para el próximo año, que apuntan a desatar nuevos rifirrafes entre los partidos de izquierdas tras la decidida apuesta de Sánchez por cumplir con su promesa en la cumbre de la OTAN y aumentar el gasto militar.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, vuelve a estar en el ojo del huracán tras la crisis que sufrió este mismo año con los transportistas. Ahora, una de las leyes más prometedoras del acuerdo de coalición firmado en 2019 se encamina hacia el fangoso terreno electoral. No obstante, y hasta el 31 de diciembre de este año, se mantendrán algunas medidas exigidas por los socios de coalición y anunciadas por Sánchez tras la crisis de Ucrania, como suspender los desahucios y lanzar viviendas habituales para personas y familias vulnerables.
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