Presidente de Ecuador critica uso retroactivo de tratado a favor de Chevron

Quito, 3 mar.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, criticó hoy el uso retroactivo de un tratado firmado en 1997 para intentar suspender la ejecución de la sentencia que obliga a la petrolera Chevron a pagar más de 18.000 millones de dólares por los daños a la Amazonía causados entre 1964 y 1990 por Texaco.

"Ahora un centro de arbitraje de Naciones Unidas, invocando el Tratado de Protección Recíproca de inversiones de 1997 pide que se suspenda la ejecución de la sentencia para ellos examinar el caso en el tribunal", dijo Correa en su informe semanal de labores.

Lo "terrible", dijo, es que el tratado de protección se firmó en 1997 y "Chevron-Texaco se fue del país en 1992, cinco años antes. Lo que están haciendo es una monstruosidad, una barbaridad, aplicando un tratado que no estaba en vigencia cuando ocurrieron los hechos de los cuales la compañía es acusada", apuntó.

Recientemente, la Corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos ratificó la orden de ejecución de la condena contra Chevron.

Se negó, además, a acatar un dictamen emitido en febrero por un tribunal arbitral internacional, establecido bajo el tratado de inversiones entre EE.UU. y Ecuador, que pedía al Gobierno ecuatoriano que impidiera la ejecución del fallo.

"Un simple laudo arbitral, aunque resulte vinculante para Ecuador no puede obligar a sus jueces a violentar derechos humanos de nuestros ciudadanos", dijo la Corte en su fallo.

Al reiterar su crítica a que se invoque el tratado en este caso, Correa aseguró hoy que "ese es el poder del gran capital".

"Están moviendo a la propia ONU para hacer una monstruosidad jurídica en función de sus intereses, esto es gravísimo", recalcó al tiempo que Vicente Peralta, subsecretario jurídico de la Presidencia tildó al hecho como "una aberración jurídica" y aseguró que el Estado ecuatoriano adoptará "estrategias judiciales", que no reveló.

Ayer, el litigio iniciado hace 18 años contra la estadounidense Chevron entró en una nueva fase con el anuncio de que los demandantes plantearan acciones legales en Panamá y Venezuela para el embargo de sus activos e incluso de los buques que pasan por el canal.

Su meta es lograr que las cortes en esos países reconozcan el fallo de dos tribunales ecuatorianos que condenan a la multinacional estadounidense a pagar por los daños a la Amazonía causados entre 1964 y 1990 por Texaco, una compañía que Chevron adquirió en 2001.

La petrolera carece de activos en Ecuador, por lo que los demandantes acudirán a terceros países donde Chevron sí los tiene, según anunció en una rueda de prensa Pablo Fajardo, uno de sus abogados de los demandantes, quien dijo que le obligarán a pagar "hasta el último centavo".

De su lado, James Craig, portavoz de la compañía, dijo a Efe que las futuras demandas no deberían perjudicar sus operaciones en ambos países, porque en su opinión las rechazará cualquier Corte "que defienda el estado de derecho".

Craig interpretó el anuncio de los demandantes como "una forma de presionar para que la empresa se canse y les escriba un cheque (...). La empresa está empeñada en resistir esa extorsión", dijo.

La compañía acusa a los abogados de falsificar informes técnicos presentados a la Justicia ecuatoriana y las firmas de algunos de los demandantes, e incluso de escribir ellos mismos el fallo de primera instancia, en lugar del juez que lo suscribió, lo que Fajardo ha negado.