Se terminó el plazo: primeras multas del fisco por incumplir con el nuevo IVA

  • La Agencia Tributaria concedió seis meses de moratoria antes de comenzar a aplicarlas. Las sanciones ascienden al 0,5% del valor de la factura.
Cristóbal Montoro
Cristóbal Montoro

La indulgencia del fisco ha tocado a su fin. Hacienda hizo la vista gorda los seis primeros meses de aplicación, pero desde enero ha endurecido el control sobre las empresas que incumplen con el nuevo IVA en tiempo real, el conocido Suministro de Información Inmediata (SII), en vigor desde julio pasado.

En cierto modo y con este aplazamiento del mazo sancionador, la Agencia Tributaria (AEAT) ha escuchado a la patronal CEOE. La organización presidida por Juan Rosell consideró apresurada la entrada en vigor del nuevo mecanismo en julio pasado, un tiempo escaso para ejecutar el cambio en la gestión del IVA para el que las empresas habían de contratar un nuevo software. Con estos mimbres, la patronal de las grandes empresas auguraba una oleada de sanciones.

El IVA en tiempo real exige a las empresas con una facturación superior a los seis millones de euros informar de todas sus facturas en menos de cuatro días, en lugar de los ocho habituales. Las sanciones podrían alcanzar hasta el 0,5% del importe de la factura que se retrase.

Las empresas multadas podrán rebajar la penalización por conformidad y pronto pago, en función del esquema general de reducción

de la Ley General Tributaria.

Aviso a navegantes; en concreto, a quienes aún se sitúan fuera del sistema: menos del 2% de las compañías afectadas (un total de 64.000), aquellas con una facturación superior a los seis millones de euros. De acuerdo al nuevo sistema, estas empresas están obligadas a informar de todas sus operaciones en tiempo real.

El ultimátum ha sido lanzado por el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, durante su intervención esta mañana en la jornada Fiscalidad Empresarial 2018 organizada por PwC y APD.

Las más de 50.000 empresas que ya cumplen con el sistema representan una facturación de más del 80% del total, lo que equivale a 1,5 billones de euros.

Primer cambio en 30 años

La Agencia Tributaria renueva así el modelo vigente después de 30 años de funcionamiento y, aunque la finalidad no era aumentar la recaudación, el director general de la Agencia Tributaria ha confiado una mejora a cuenta del nuevo sistema.

El Gobierno rondaba la idea de poner en marcha un mecanismo que obligara a informar del IVA en tiempo real desde la primera década de los dosmil, aunque no lo hizo público hasta octubre de 2014.

A partir de ese momento, se iniciaron negociaciones y consultas que culminaron en un borrador de real decreto que se publicó en julio de 2015 y que contemplaba que el SII se aplicaría a partir de enero de 2017. El parón electoral y la repetición de las elecciones generales hizo que el Ejecutivo en funciones archivara el proyecto hasta julio del pasado año, cuando sorprendió a los empresarios con la inmediata aplicación del sistema. 

Según los datos proporcionados por el director de la Agencia Tributaria esta mañana, el plazo medio de devolución de las empresas con declaraciones a devolver acogidas al IVA se ha reducido en 14 días, al tiempo que el número de declaraciones a devolver en menos de 10 días ha pasado de unos niveles de entre el 6% y el 8%, a un 61,6%.

"Hay que conseguir una AEAT digitalizada, moderna, flexible, ágil y tenemos proyectos a 3 ó 4 años bastante interesantes", ha añadido Menéndez, quien ha destacado que se ha resuelto "un sudoku muy complicado", en referencia a la recuperación económica.

Por un Impuesto sobre Sociedades sencillo y transparente

Santiago Menéndez también ha abogado por un Impuesto sobre Sociedades  "sencillo y transparente" y ha apuntado que se podría ir pensando en una figura impositiva que recayera más sobre el resultado contable de explotación de las empresas. A su juicio, un impuesto más claro contribuiría a reducir los litigios entre las empresas y la Administración, una idea que ha corroborado con datos: el 56 % de los contenciosos fueron favorables a la Administración en 2015, en 2017 lo fueron el 67%.

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