La recaudación por Patrimonio caerá en 50 millones por la bonificación de las CCAA

La Agencia Tributaria espera que las comunidades autónomas recauden 1.287 millones de euros a través del Impuesto de Patrimonio en la campaña de 2022, lo que supone un recorte de casi 50 millones respecto a 2021, cuando el importe ascendió a 1.336 millones. Y para la directora general del ente adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, Soledad Fernández, las nuevas bonificaciones introducidas por algunos de los territorios gobernados por el Partido Popular son las responsables de este pronóstico. El Gobierno andaluz de Juanma Moreno decidió aplicar una bonificación del 100% para el ejercicio 2022, que ya se aplicaba en Madrid, mientras que el Ejecutivo gallego de Alfonso Rueda, prometió elevar el tipo actual del 25% al 50% para el próximo 2023. 

Según estas previsiones, el 2022 romperá la pauta dibujada en los últimos años, ya que desde 2018 se habían registrado alzas en la recaudación de forma ininterrumpida. Cabe destacar que en el 2021 lo hicieron especialmente al crecer en más de 133 millones por el aumento de las grandes fortunas al calor de nuevas formas de negocio que se abrieron paso durante los meses más crudos de la pandemia. Por lo que, a pesar del recorte que espera la Agencia Tributaria en el volumen de ingresos de la campaña de 2022, las comunidades autónomas reunirán un 11,5% más que en el periodo precovid. Además, las aportaciones de Cataluña ganarán importancia, dado que este territorio apenas cuenta con bonificaciones a este impuesto. 

Estos 49 millones de diferencia no pasan desapercibidos para el Gobierno central y son el motivo por el que diseñó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), con el que espera recaudar 1.500 millones de euros. Fuentes del Ministerio encabezado por María Jesús Montero confirman que la cartera no ha modificado estas previsiones. Sin embargo, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) valoran que estos números son demasiado optimistas. El secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, Luis del Amo, considera que el Estado conseguirá hacerse con buena parte de lo que estas comunidades habrían recaudado en el caso de no haber bonificado el Impuesto sobre el Patrimonio, aunque estos ingresos podrían no alcanzar los 1.000 millones. 

El tributo que se aplica sobre el patrimonio es de carácter estatal, pero está cedido a las comunidades autónomas, por lo que estas, en el marco de su competencia legislativa, pueden modificarlo, a través de la aprobación de bonificaciones o elevando el mínimo exento de pagar impuestos. Dentro de esta libertad, pueden introducir cambios a favor del ciudadano o en pro de aumentar la recaudación. No obstante, los territorios autonómicos han optado sin excepción por la primera vía, como destaca el inspector de Hacienda, Jose María Peláez en conversación con La Información. "Las comunidades autónomas no han ejercido su potestad para incrementar el porcentaje a pagar, hay una clara tendencia a favorecer al contribuyente", aprecia. 

Para el inspector, esta falta de consenso entre los gobiernos autonómicos y el central ha dado lugar a un "sistema fiscal destrozado". "Los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo y dejan un sistema fiscal plagado de parches", reprocha. Por ello, Peláez cree que es fundamental que se actualice la ley que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas y que en ese marco se decida si se quiere mantener o no el Impuesto sobre el Patrimonio, que fue creado en el siglo con vocación de ser temporal. Hace años que ha pasado a ser fijo, sin embargo, algunos territorios han dado con la forma de esquivarlo y esos contribuyentes se "libran" de esta carga. Ante ello, el Gobierno opta por crear un nuevo impuesto y complica el entramado fiscal. 

Precisamente, esta posible intromisión en una competencia autonómica es la que ha llevado a las tres comunidades autónomas 'populares' a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, alegando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha invadido la reserva de ley autonómica con esta cuestión. El recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía fue admitido a trámite hace apenas a unas semanas, por lo que el Constitucional estudiará la legalidad del tributo en un pleno convocado para la semana que viene, junto a las impugnaciones de la Comunidad de Madrid y Galicia. Sin embargo, se ha negado a suspender el impuesto cautelarmente, como demandaba el Gobierno de Juanma Moreno.