La modificación del Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social -la conocida Ley de Extranjería-, que entrará en vigor a mediados de agosto tras ser publicada ayer -miércoles- en el Boletín Oficial del Estado (BOE) supondrá un revulsivo para el mercado laboral, en un momento de total incertidumbre económica; un aporte al sistema de pensiones, en el que ha comenzado a desembarcar la generación del 'baby boom'; y una nueva fuente de ingresos a través de cotizaciones sociales e impuestos directos. El objetivo es poner orden el modelo migratorio español y sus procedimientos, "en muchos casos lentos e inadecuados", reconoce Moncloa, y que en lugar de esperar siete años de media en regularizar su situación, estos extranjeros obtengan sus documentos en apenas dos años.
El doble objetivo de esta regularización, que será capitaneada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es que medio millón de inmigrantes abandonen la economía sumergida a través de varias vías, para, por una parte, acabar con los gastos que genera la irregularidad, derivados fundamentalmente en sanidad, que no son compensados con ingresos, y terminar con situaciones de explotación laboral. Por otra, la normalización, que contribuiría a que las arcas del Estado recibiesen nuevas aportaciones, que compensarían con creces los costes. Si bien es cierto que es que resulta difícil estimar el peso de la irregularidad, precisamente por su naturaleza, España cuenta gracias a dos estadísticas con la posibilidad de cuantificar, con gran exactitud contabilizar, el número de situaciones en situación irregular.
La necesidad de ser incluido en el padrón de habitantes que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) para recibir determinados servicios sociales hace que esta sea la fuente más fiable para visualizar cuántos extranjeros hay, independientemente de si tienen sus papeles en regla o no. Según esta estadística, en diciembre de 2021 había en España 3,85 millones de extranjeros no comunitarios empadronados. Mientras, los registros de permisos de residencia oficiales contabilizaban en esa fecha 3,3 millones de extracomunitarios con los documentos en regla. El contraste de ambas estadísticas permite estimar que el número de irregulares rondaría ahora los 550.000.
Entre 1985 y 2005 se produjeron seis regularizaciones masivas que sacaron de la economía sumergida cerca 1,2 millones de extranjeros
Entre 1985 y 2005, gobiernos del Partido Popular como del PSOE impulsaron seis procesos de regularización que permitieron sacar de la economía sumergida a casi 1,2 millones de extranjeros, casi el 80% de los que lo solicitaron. En el caso de la de José Luis Rodríguez Zapatero, 565.000 irregulares consiguieron papeles y la iniciativa generó ingresos extra anuales por valor de 2.400 millones de euros, una media de 4.200 per cápita, y elevó el porcentaje de extranjeros afiliados en tres puntos, según un estudio publicado en Working Papers de Barcelona School of Economics, firmado por Joan Monràs, Javier Vázquez-Grenno y Ferran Elias.
Mientras, según destaca un informe posterior titulado 'Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España', que lleva la firma de Gonzalo Fanjul -Fundación porCausa- e Ismael Gálvez-Iniesta -Universidad Carlos III de Madrid-, las aportaciones netas en este momento serían ligeramente menores, ya que la última regularización se realizó en un período de expansión económica. Así, estiman que la irregularidad de los inmigrantes supone para las arcas públicas españolas un coste anual medio de 2.000 euros per cápita, pero en en caso de regularización, la aportación fiscal neta de los inmigrantes en situación irregular se incrementaría por encima de los 3.200 euros.
Cuatro de cada cinco inmigrantes sin papeles tienen menos de 40 años y siete de cada diez inmigrantes irregulares varones está por debajo de los 30 años. Las mujeres son mayoritarias en la población inmigrante irregular de nuestro país. El informe desvela que la aportación neta de las mujeres, la mayoría trabajando en servicios del hogar o atendiendo dependientes, sería de 2.441 euros, frente a los casi 5.000 euros de los hombres de entre 25 y 35 años trabajando en sectores de manufactura o construcción. En la mayoría de los casos aportarían mucho más que los que recibirían de los presupuestos.
En cuanto al arraigo social, el contrato que se presente para solicitar la autorización no se valorará por su duración, sino por al SMI
Constatados los efectos positivos de la normalización, la nueva normativa eliminará las restricciones a la incorporación de los estudiantes al mercado laboral tras la finalización de los estudios, ya que hasta ahora era necesaria una estancia de tres años en España para poder obtener un permiso de trabajo. Además, se actualizan las figuras de arraigo y de reagrupación familiar. En el caso del arraigo laboral, se limita la figura preexistente para personas que se encuentran en situación irregular, pero han realizado una actividad laboral en situación regular durante los dos últimos años y se crea una nueva modalidad de autorización que fomenta la figura del confidente y la lucha contra la economía sumergida, mediante la acreditación de 6 meses de trabajo irregular.
En cuanto al arraigo social, el contrato que se presente para solicitar la autorización no se valorará por su duración, sino por su adecuación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, este podrá ser inferior de mínimo 20 horas en los casos que se acredite menores a cargo y la reforma también flexibiliza la posibilidad de presentar varios contratos. En cuanto a la reagrupación familiar, la reforma crea un régimen propio del familiar del ciudadano español que desea mantener en España su unidad familiar, y también se flexibilizan los requisitos de reagrupación familiar cuando afectan a menores extranjeros, o a personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad.
Además, se incluye una nueva figura de arraigo por formación, que concede una autorización de residencia por un periodo de 12 meses a los extranjeros que han permanecido en España de forma continuada durante un periodo mínimo de dos años si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo. La figura, inspirada en el 'duldung' alemán, puede ser prorrogada por otros 12 meses.
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