Madrid, 28 mar.- Repsol ha acordado hoy blindar sus divisiones para evitar posibles intentos de segregar la compañía, en un día marcado por la ratificación del acuerdo de compensación por la expropiación de YPF con la que se pone fin a la crisis desatada hace dos años y se abre una nueva etapa para la petrolera.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha señalado que la compañía podrá dedicarse ahora "en cuerpo y alma" al día a día de su negocio, después de que la Junta General de Accionistas haya dado el visto bueno al acuerdo de compensación de YPF, que queda pendiente de la ratificación por la Cámara de Diputados argentina.
Este acuerdo prevé el pago de 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) a través de la entrega de títulos de deuda argentina, protegidos con varios mecanismos para garantizar que la compensación se haga efectiva y que no pierda valor, así como la retirada de todos los litigios judiciales pendientes.
Los intereses de estos títulos de deuda supondrán unos ingresos de entre 400 y 500 millones de euros anuales para Repsol, aunque Brufau se ha mostrado partidario de venderlos "a medio plazo" y desprenderse de la participación que la empresa española todavía tiene en YPF.
Ambas operaciones reportarían a Repsol unos ingresos de entre 6.000 y 6.500 millones de dólares, con los que esta financiaría tanto su crecimiento orgánico como inorgánico.
Esta apuesta de futuro pasa necesariamente por mantener Repsol como una petrolera integrada, con una división de exploración y producción ("upstream") y otra de refino y márketing ("downstream"), para aprovechar las sinergias y compensar los resultados ante los diversos escenarios económicos, según Brufau.
La Junta ha aprobado hoy un refuerzo de los requisitos para permitir operaciones de escisión, segregación o enajenación que supongan que la petrolera deje de ser una empresa integrada, así como para la venta de todos o una parte importante de los activos de alguna de las divisiones.
A partir de ahora, estas operaciones necesitarán contar con el voto favorable del Consejo de Administración y, posteriormente, del 75 % la Junta.
Brufau ha justificado este cambio estatutario porque "no será la primera vez que nos enfrentamos a operaciones no muy transparentes" -en referencia a Lukoil o Sacyr- y porque "estos riesgos están ahí, están hoy aquí, porque hay mucho ruido, hay mucha crítica que no se entiende bien".
Este punto del orden del día ha contado con el voto en contra de Pemex, titular de un 9,3 % del capital social de Repsol, y de quien se ha rumoreado que estaría interesada en hacerse con el negocio de exploración y producción de la petrolera española, una cuestión negada hoy públicamente por su portavoz Julio Francisco Poulat.
Poulat ha asegurado que "la polémica que se ha generado sobre este tema es artificial" y que la propuesta "no está justificada y resulta perjudicial para los accionistas", al restar flexibilidad a la compañía para adaptarse a los cambios en el mercado.
La Junta también ha aprobado cambios en los estatutos para prohibir a los consejeros hacer públicas posibles discrepancias y puntos de vista críticos que no se hayan puesto de manifiesto antes en el seno del órgano de dirección de Repsol.
Por otra parte, la Junta ha acordado la aplicación del dividendo a cuenta de los resultados de 2014 y el complementario de 2013 mediante su mecanismo "flexible", que permite cobrarlo en efectivo o en nuevas acciones, y la realización de una reducción de capital del 2,05 % para evitar la dilución de los accionistas.
También se ha reelegido a los consejeros Paulina Beato, Artur Carulla, Javier Echenique, Henri Philippe y el de Pemex.
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