Un hito cumplido con Bruselas. La reforma laboral, comprometida en el Plan de Recuperación, se aprobó en plazo, antes de finalizar 2021, si bien estaba pendiente de ser convalidada en el Congreso de los Diputados. El Gobierno logró este jueves, en una votación de infarto y con carambola final, aglutinar una mayoría suficiente como para sacarla adelante y la Comisión Europea ha tomado nota. En las próximas semanas, emitirá un veredicto sobre la norma, que será sometida a una evaluación exhaustiva. Y será entonces cuando el Ejecutivo solicite el segundo tramo de fondos de hasta 12.000 millones de euros que dependen de esta norma. Estaba previsto que el Estado español pidiera este dinero a la capital belga el pasado mes de enero, pero retrasó la solicitud hasta tener el 'sí' de la mayoría del Parlamento al real decreto ley.
"Evaluaremos cuidadosamente los detalles de la reforma del mercado laboral español a su debido tiempo, cuando se apruebe en el Parlamento", comentaban recientemente fuentes de la Comisión Europea a La Información. El momento ha llegado. El Congreso de los Diputados ha validado la norma acordada con la patronal y los sindicatos, un pacto en el ámbito del diálogo social que en Bruselas también valoran positivamente: "La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el Gobierno español, los sindicatos y las asociaciones empresariales sobre la reforma del mercado laboral, que ilustra bien cómo implicar a los interlocutores sociales en la aplicación del Plan de Recuperación", añadía un portavoz de la CE.
En Moncloa están satisfechos con haber conseguido sacar adelante una "ley vital" de la legislatura y fuentes gubernamentales presumen de que "la capacidad de pacto en el Congreso sale reforzada". El Presidente, Pedro Sánchez, ha conseguido aprobar la reforma con una mayoría inédita que le acerca al centro del tablero político y le aleja de los independentistas, y lo ha hecho sin tocar ni una coma del acuerdo alcanzado con los agentes sociales. "Es una buena foto para la Comisión", comentan fuentes del Gobierno que admiten que lo ideal habría sido aglutinar una mayoría más amplia, pero presumen de la fórmula de la geometría variable frente a la cerrazón de Yolanda Díaz para intentar, sin éxito, atraer a los socios de investidura.
"La valoración preliminar de la Comisión Europea sobre la reforma laboral española es positiva", apuntó recientemente la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, desde Bruselas, tras la celebración de la primera reunión del año del Eurogrupo. Sin embargo, ahora comienza el verdadero examen. Las autoridades europeas evaluarán al detalle el texto en las próximas semanas y comprobarán si efectivamente cumple con los requisitos comprometidos en el marco del Plan de Recuperación. Y solo si el resultado es positivo desembolsará el segundo tramo de fondos, el más cuantioso, de 12.000 millones de euros, que el Gobierno tendrá que haber solicitado previamente.
No tocar ni una coma del acuerdo alcanzado con los agentes sociales no era solo una exigencia de la patronal y los sindicatos. Como se reveló en estas páginas, el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece que, una vez alcanzados los hitos y objetivos, los estados deben solicitar el pago a la Comisión, que evaluará el cumplimiento de los mismos, presuponiendo que no se hayan "revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente" y si se observa cualquier incumplimiento, "se suspenderá el pago de la totalidad o una parte de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo". Es decir, que si el Gobierno hubiera introducido modificaciones al real decreto ley aprobado en diciembre de 2021, momento en el que el hito se consideró cumplido, se la habría jugado a taponar el grifo de los fondos europeos.
Falta de consenso político
El examen de Bruselas será exigente. Respecto al contenido de la norma, en principio, no debería haber problemas, porque cumple con los compromisos adquiridos en el contrato firmado con la Comisión y no deroga aspectos nucleares de la reforma laboral de 2012, que fue aplaudida por las autoridades europeas y que a día de hoy siguen defendiendo. Pero respecto a las formas en las que el Gobierno la ha sacado adelante, está por ver si podría ponerse alguna pega desde la capital belga. Bruselas reclama que las reformas se armen con el mayor consenso posible para que sean duraderas y garanticen la estabilidad y la certidumbre del país, y aunque ésta cuenta con el respaldo del diálogo social, ha salido adelante en el Congreso por solo un voto y con escándalo incluido sobre la legitimidad de la votación.
El rechazo del bloque de investidura (ERC, PNV y Bildu) a la reforma pactada con la patronal y los sindicatos forzó al Gobierno a buscar apoyos alternativos, incluido el de Ciudadanos. El Ejecutivo afrontó la votación con una mayoría amarrada que ya era ajustada de inicio (contaba con 176 'síes' frente a 173 'noes'), pero, en una carambola sin precedentes, dos diputados de UPN se saltaron la disciplina de voto y se pasaron al 'no' y uno del PP se confundió en el voto telemático y sumó al bloque del 'sí'. Finalmente, el real decreto ley salió adelante por 175 frente a 174, un resultado que no resulta precisamente garante de consenso. Recordemos que la reforma laboral del PP, aunque no pasó el filtro del diálogo social, se aprobó con 197 votos a favor y 142 en contra, con una holgura de 55 sufragios.
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