Sánchez no se da por aludido ante las advertencias de Bruselas por sus PGE

Pedro Sánchez no se da por aludido ante las advertencias de Bruselas. El presidente del Gobierno considera un varapalo a su Ejecutivo las previsiones de la Comisión Europea que rebajan dos décimas su previsión de crecimiento económico para España tanto este año como el siguiente (al 2,6% y 2,2%, respectivamente) y aumentan el déficit público previsto para 2019, hasta el 2,1% del PIB, tres décimas por encima del objetivo del Gobierno y ocho con respecto a la meta pactada con la UE.

"No, para nada", ha contestado el jefe del Ejecutivo a los medios de comunicación antes de intervenir en el Foro Iberoamérica que se ha celebrado esta mañana en el hotel Intercontinental de Madrid.

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En sus previsiones, Bruselas cree, no obstante, que España cerrará este año con un desvío de las administraciones públicas equivalente al 2,7% del PIB, en línea con las estimaciones del Ejecutivo, aunque es un porcentaje también cinco puntos superior a la senda pactada con las autoridades europeas (del 2,2%) por el Gobierno del PP.

El análisis sobre España, incluido en las llamadas 'previsiones de otoño', tiene en cuenta el plan presupuestario enviado por el Gobierno y en él, el Ejecutivo comunitario muestra sus dudas sobre las previsiones de ingresos de los nuevos impuestos planteados, la tasa digital y el gravamen a las transacciones financieras, y sobre el impacto fiscal de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

En presencia de exdirigentes latinoamericanos como el colombiano Juan Manuel Santos y representantes de las principales empresas españolas, a las que ha agradecido su apuesta por el desarrollo de América Latina, el presidente del Gobierno ha defendido la prosperidad, la democracia y la inclusión social. 

Y no ha querido dejar escapar la oportunidad de defender el decreto ley aprobado por su Gobierno para que sea la banca y no el cliente quien pague el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, vinculado a la contratación de una hipoteca, por la necesidad de redistribuir de manera más justa la riqueza para no alimentar los populismos.

Ante directivos de la banca como el consejero delegado del Grupo Financiero Santander, José Antonio Álvarez, o el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé -quien dirigió la entidad hasta el año 2016-, Sánchez ha subrayado que en un Estado de derecho como es España "las decisiones judiciales se acatan, gusten o no gusten", pero el Gobierno y el Parlamento también pueden "cambiar leyes en consonancia con las preocupaciones sociales".

Y es ahí donde ha justificado la decisión que ha tomado su Gobierno para cambiar la ley después de que el Tribunal Supremo rectificara una decisión previa de una de sus salas, que estableció que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debía pasar a pagarlo la banca y no el cliente. "La democracia también es que no paguen siempre los mismos", ha subrayado, remarcando que su Ejecutivo "cree en la redistribución de la riqueza".