Londres, 1 dic.- El banco Santander UK calcula en 10.000 millones de libras (unos 11.700 millones de euros) el coste total de la reforma bancaria propuesta en el Reino Unido, algo que podría afectar a sus operaciones en el país.
Así lo indica la consejera delegada de Santander UK, la filial británica del grupo español, Ana Patricia Botín, en una carta a la comisión de asuntos económicos de la Cámara de los Lores difundida hoy, aunque fue enviada el pasado 15 de noviembre.
Botín advierte de que, aunque el grupo Santander "mantiene su compromiso con el Reino Unido", un incremento potencial de los costes "podría afectar en el futuro a decisiones de inversión y, en consecuencia, al tamaño del negocio británico dentro del grupo".
Un portavoz de la entidad indicó a Efe que esto no significa que el banco esté pensando "en reducir sus operaciones en el Reino Unido".
En la misiva enviada por Botín, incluida en un informe de 66 páginas colgado hoy en la web de los Lores, considera que la Comisión independiente para la banca (IBC, por sus siglas en inglés), que diseñó la reforma bancaria, pudo haber infravalorado su coste.
La IBC, que publicó su estudio el pasado septiembre, estimó que el coste para las entidades de los cambios propuestos, que conllevan la separación de los negocios de banca comercial y de inversión y el aumento de las reservas obligatorias de capital, sería de entre 4.000 y 7.000 millones de libras (4.660 y 8.156 millones de euros).
Sin embargo, Botín valora que estaría más cerca de los 10.000 millones de libras, en línea con lo calculado por los analistas del banco Goldman Sachs.
La banquera señala que, si bien el Santander es un banco "bien capitalizado" y que salió de la crisis "sin apoyo gubernamental", con la reforma, y en particular por las exigencias de capital, incurriría "en un incremento significativo de costes".
La IBC, auspiciada por el Gobierno para fortalecer al sector frente a futuras crisis, presentó el pasado septiembre su propuesta de reforma, que conlleva la separación de los negocios de inversión y comercial para garantizar la estabilidad financiera de los bancos y evitar que, en caso de crisis, tengan que ser rescatados por el Estado.
La principal recomendación es que, antes de 2019, las entidades deberán establecer un "anillo de protección" en torno a su negocio comercial (cuentas corrientes y de ahorro, hipotecas, préstamos a particulares y empresas, etc), que tendrá estatus legal propio y se gestionará de forma independiente a otras actividades más arriesgadas del banco, como las inversiones.
La Comisión también pide que la banca comercial tenga unas reservas de capital de calidad para afrontar posibles pérdidas de al menos el 10 por ciento, mientras que los grandes grupos bancarios deben asegurar un fondo de absorción de entre el 17 y el 20 por ciento.
La intención de estas medidas -asegurar la capitalización de los bancos y la independencia de sus negocios más y menos arriesgados- es minimizar la necesidad de futuras intervenciones estatales, al posibilitar que una parte del negocio -el de banca de inversión- pueda quebrar sin afectar a los depósitos de los clientes.
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