Madrid, 10 jul.- El sindicato UGT se declara "francamente satisfecho" con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha anulado hoy la resolución de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que prohibía el paso de la marcha minera frente al Palacio de La Moncloa.
"El fallo del TSJM recoge nuestra petición y estima completamente el recurso", ha declarado a Efe el secretario de Organización de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT (FITAG-UGT), Jesús García, que ha agradecido "la celeridad de la Justicia".
Tras esta resolución judicial, está previsto que la marcha minera pase esta noche por delante de la sede del Gobierno "hacia las 20.30 horas, dependiendo de la hora exacta de salida de Aravaca, y teniendo en cuenta que los marchadores avanzan a un promedio de 6 kilómetros por hora", según García.
La pretensión de la marcha minera es recorrer la A-6 hasta llegar a la Plaza de la Moncloa, desde donde dirigirse por la noche a la Puerta del Sol.
El secretario ha explicado que, en la vista celebrada hoy, FITAG-UGT ha renunciado a la indemnización que pedían por la prohibición de la delegada, en caso de que el tribunal fallase a favor del recurso a posteriori, una vez que ya se hubiese producido la marcha.
El sindicato agradece "especialmente que se haya hecho valer un derecho constitucional, que es el derecho de manifestación. En la sentencia se valora que no había motivos suficientes, ni siguiera de carácter indiciario, para cambiar el recorrido de la marcha", añade García.
El TSJM ha estimado hoy el recurso que interpuso FITAG-UGT contra la resolución de la delegada del Gobierno, que modificaba el recorrido de la marcha al desviarlo desde la A-6 a la M-500 para llegar a la Plaza de la Moncloa, alegando problemas de tráfico y un riesgo para manifestantes y automovilistas.
El TSJM considera que circular por la M-500 puede tener el mismo riesgo que hacerlo por la A-6 y recuerda que por esta segunda vía ya han caminado los mineros en jornadas precedentes.
La sentencia apela a una del Tribunal Constitucional de 2000 en el sentido de permitir la "ocupación instrumental de las calzadas", ya que "en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación".
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