La Comisión Europea ha vuelto a sacar los colores a España. Pese a ser el socio que más dignamente ha salido de la crisis en términos de Producto Interior Bruto (PIB), las deficiencias económicas aún son notables en los indicadores de igualdad, riesgo de pobreza y exclusión social. Así se pone de manifiesto en un informe en el que Bruselas advierte de uno de los grandes desafíos a futuro: subir las pensiones en la misma proporción que los precios, como se ha hecho en los últimos dos años, en un mercado laboral especialmente precario como el español, es un cóctel letal para la sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social.
En el documento, las autoridades europeas dedican un apartado en exclusiva al medir el potencial impacto de las decisiones que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de pensiones y concluye que la revalorización con el Índice de Precios de Consumo (IPC) adoptada tanto este año como el anterior, bajo el mandato de Mariano Rajoy, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y del conjunto de las finanzas públicas "a medio y largo plazo, a no ser que se lleven a cabo medidas compensatorias".
El informe, redactado antes del estallido del Pacto de Toledo, hace referencia a la intención de esta Comisión parlamentaria de tumbar dos aspectos clave de la reforma de 2013 al acabar con el índice de revalorización y ligar las pensiones a la inflación de manera indefinida. Según sus cálculos, solo entre 2018 y 2019 estas modificaciones suponen un incremento acumulado del gasto en pensiones del 0,2% del PIB y el desembolso se desbordaría hasta el 4% en 2050. Todo, cuando las pensiones que se cobran en España se encuentran entre las más elevadas de todos los países de la UE, según recuerda el documento.
Ante este preocupante escenario, Bruselas exige al Ejecutivo que tome medidas adicionales, aunque sin pasar por alto un contexto político que está bloqueando cualquier esfuerzo reformista. En este sentido, el texto advierte de que el cambio de Gobierno tras el triunfo de la moción de censura el pasado mes de junio y el adelanto de las elecciones generales al 28 de abril han provocado un "lento progreso en reformas".
La intención de los socialistas, según adelantó la ministra de Trabajo, era acelerar la reforma de las pensiones para aprobarla antes de finalizar la legislatura. Sin embargo, ante la falta de acuerdo en el Pacto de Toledo, Magdalena Valerio tuvo que renunciar a ella. Como tampoco ha podido sacar adelante su contrarreforma laboral, la que pretendía derogar los aspectos "más lesivos" de la legislación del Partido Popular.
Precisamente, al respecto del mercado de trabajo, la Comisión advierte a España de que, a pesar de la caída de la tasa de paro por debajo del 15%, sigue siendo una de las más elevadas del entorno europeo, con especial incidencia entre los jóvenes. Además, afea a los empresarios el "uso generalizado de contratos temporales", un vicio que alcanza al 27% de los trabajadores, de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (EPA) de 2018. Todo esto, unido a las elevadas "barreras a la movilidad", da como resultado carreras laborales "incompletas y rotas" que generan "bajos derechos de protección social" y amenazan "la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones", reza el informe.
Respecto a otras medidas que sí ha adoptado el Ejecutivo socialista, como la subida del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), los examinadores europeos consideran que “podría ayudar” a reducir el volumen de trabajadores que viven en la pobreza, pero avisa de los "efectos adversos" en el acceso al empleo, especialmente para trabajadores jóvenes y con una baja calificación.
En general, Bruselas cree que la implementación de medidas para elevar el crecimiento económico en España ha sido "lenta". "Los retos continúan, en especial en lo respectivo a la segmentación del mercado laboral, la investigación y la innovación y la regulación económica, principalmente en el sector servicios", apunta en un comunicado.
Además, la Comisión avisa de que nuestro país sigue acumulando "grandes" cantidades de deuda interna y externa, tanto pública como privada, a pesar de que el crecimiento económico sigue siendo "sólido". Esto, apunta, supone una "vulnerabilidad" más "en un contexto de elevado desempleo" y tiene "relevancia transfronteriza".
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