Madrid, 7 feb.- El Tribunal de Cuentas ha detectado "un elevado número de deficiencias e irregularidades" en la publicidad institucional contratada por varios ministerios entre los años 2005 y 2007 al faltar planes de medios de comunicación, detalles sobre la difusión de las campañas o estudios sobre su impacto.
Aunque en el informe no se consignan incumplimientos legales en el periodo auditado, bajo Gobierno socialista, el Tribunal recomienda extremar los controles y las cautelas y cuestiona diversas prácticas, como la decisión del Ministerio de la Vivienda o de Turespaña de tramitar importantes expedientes por el procedimiento de urgencia, sin ser necesario.
En varias contrataciones faltó transparencia al valorarse criterios como la "propuesta creativa" o la "originalidad", no evaluables de forma objetiva; y numerosos contratos presentaron deficiencias, según el órgano fiscalizador.
El Tribunal ha detectado además la existencia de contratos menores que "derivan en ocasiones del fraccionamiento de su objeto con el fin de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, y el procedimiento o la forma de adjudicación" que habría correspondido.
Lamenta también que los ministerios y organismos analizados hayan aplicado criterios heterogéneos para la licitación y adjudicación de los contratos, a pesar de la aprobación de la ley de publicidad y comunicación institucional en 2005.
Los auditores han encontrado problemas a la hora de comprobar que los gastos realizados se adecuaban al contrato, al faltar en varias campañas informes con los planes de emisión; y denuncian la falta de mecanismos para cuantificar y valorar los objetivos pretendidos de "eficacia, austeridad y eficiencia".
Excepto en los casos de Turespaña y el From (Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos), no consta que se realizaran estudios previos o posteriores a las campañas de publicidad o se hayan aplicado medidas de seguimiento y de control de su impacto.
Sí respetaron los ministerios analizados la prohibición de realizar campañas en periodo electoral, salvo el de Vivienda, que siguió emitiendo una campaña de comunicación en enero de 2008, cuando ya se habían convocado los comicios generales de ese año.
Ante las deficiencias detectadas, el Tribunal recomienda que los órganos de contratación revisen y controlen los pliegos de cláusulas para incrementar la objetividad y detallar las obligaciones asumidas por el contratista, y pide mecanismos que permitan medir el impacto de las campañas y el cumplimiento de sus objetivos.
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