Guerra a la vista. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió públicamente este miércoles a defender la compensación de oficio en los contratos públicos del impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros, una medida exigida desde hace meses por CEOE, pero que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, vetó hace cerca de un año bajo el argumento de que esa circunstancia solo podía considerarse como un factor más del contrato a riesgo y ventura del adjudicatario.
Desde esa controvertida resolución de la Junta Consultiva a las empresas no les queda otro remedio que acudir a los tribunales para reclamar la correspondiente reparación por los costes extra que se les ha tocado asumir por una circunstancia completamente ajena a las condiciones pactadas al hacerse cargo del contrato público. La queja, en la que han sido particularmente activas la Comisión de Servicios de CEOE y organizaciones como la patronal del sector de la limpieza (Aspel) -al frente de las organizaciones sectoriales especialmente dependientes de la contratación pública- venía de que los contratistas se vieran obligados a soportar contra sus márgenes o incluso contra sus beneficios globales un coste extra derivado de una decisión gubernamental.
Las empresas defendían que fuera la Administración contratante la que sufragara el sobrecoste generado en los contratos públicos por la subida del salario mínimo de 736 a 900 euros, en los casos en que ese alza genere un cambio en las condiciones en que se adjudicó el servicio. Fuentes empresariales advertían de que esos casos eran más extendidos de lo que se pensaba por la generalización del 'factor precio' como principal argumento a la hora de adjudicar los contratos públicos, lo que ha provocado subastas a la baja en los precios de los competidores, en la mayoría de los casos a costa del empleo o de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
CEOE asumió esa reivindicación y desde hace meses viene peleando con el Gobierno para que se adopten las medidas legales necesarias para descargar a las empresas de unos costes que no les corresponde asumir. La organización ha puesto esta reivindicación por delante en la negociación discreta que durante las últimas semanas se ha mantenido primero de manera bilateral con los sindicatos -que respaldan esta reivindicación empresarial- y posteriormente a tres bandas con la nueva inquilina del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, en torno al SMI.
De hecho, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, deslizó en su intervención posterior al anuncio del acuerdo social para subir el Salario Mínimo a 950 euros este año, de que su respaldo estaba de alguna forma condicionado a que se reconociera la indexación de los contratos públicos a la nueva regulación del Salario Mínimo, es decir, a compensar de oficio el efecto de esta medida legal a los contratistas.
La ministra de Trabajo recogió el guante lanzado por Garamendi y aseguró que el Ministerio de Trabajo defenderá este asunto en el seno del Gobierno. No será una defensa sencilla. En primer lugar, porque ya hay un criterio asentado por parte de un organismo oficial, la Junta Consultiva de Contratación Pública, en contra de ejecutar esa reparación de oficio; y también porque hacerlo implicaría revisar decenas y decenas de contratos públicos este año y abriría la puerta a la revisión de los afectados por la subida del año pasado.
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