Graduar la subida del SMI a lo largo de la legislatura para ofrecer un escenario de certidumbre a los empresarios, avanzar en el concepto de flexiseguridad, resolver por consenso el embrollo creado en torno a la regulación de la subcontratación o desactivar el efecto pernicioso de la ley de desindexación sobre los contratos públicos para que no sean los contratistas los que carguen con la factura de la subida del SMI. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, rescató su tono más conciliador en la reunión que este pasado miércoles -en plena campaña electoral del 10-N- mantuvo con un puñado de empresarios en la sede de CEOE en la número 50 de la madrileña calle de Diego de León.
El encuentro se produce después de una sucesión de desencuentros verbales durante las últimas semanas a cuenta de la intención del Ejecutivo de arramblar si sale ganador de las urnas el próximo 10-N con la reforma laboral del año 2012 y la exigencia de CEOE de que los cambios en el mercado laboral se hagan en el contexto de la concertación social y, a ser posible, buscando el acuerdo de todas las partes.
Según fuentes presentes en la reunión, la secretaria de Estado de Empleo, que durante meses ha encarnado las posiciones más duras del Ejecutivo en relación a asuntos como la regulación de la subcontratación o la reimplantación de la ultraactividad tal y como estaba antes de 2012, ofreció a los empresarios un perfil mucho más amable y posibilista, comprometiéndose a recuperar la centralidad del diálogo social si tras el 10-N el PSOE vuelve a tener la responsabilidad de gobernar y a buscar soluciones de consenso a las principales preocupaciones que le trasladaron los empresarios, en una sesión que se prolongó durante alrededor de un par de horas.
En el centro de todas estas preocupaciones, la anunciada subida del Salario Mínimo Interprofesional, que trae a mal traer a los empresarios. La secretaria de Estado de Empleo reveló al grupo de empresarios que acudieron a la reunión de la Comisión de Diálogo Social de CEOE que la mejora del SMI hasta el 60% del salario medio español no es ni un guiño electoralista ni ningún capricho del PSOE sino una obligación que más pronto que tarde impondrá Bruselas. Explicó que está en negociación una Directiva Europea para obligar a todos los países a llevar el SMI hasta ese umbral que marca la Carta Social Europea del 60% del salario medio del país, lo que según la alto cargo del Ministerio de Trabajo no llegaría según los datos actuales a 1.200 euros mensuales sino a 1.160 euros, aproximadamente.
Valdeolivas sí se comprometió ante los empresarios a graduar esa subida a lo largo del tiempo para que resulte lo más digerible posible para las empresas. De telón de fondo, el agrio debate suscitado por el modo en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió elevar sin negociación previa con los agentes sociales el SMI un 22% hasta los 900 euros para 2019 y la evidente diferencia de pareceres entre el Gobierno y los empresarios sobre el impacto en el empleo de esta subida. En este sentido, conviene recordar que Valdeolivas fue la alto cargo del Ministerio de Trabajo que exigió al Banco de España pedir perdón por un informe en el que concluía que la subida del suelo salarial podría cobrarse hasta 125.000 empleos.
La reversión de la reforma laboral
Los empresarios también cuestionaron a la secretaria de Estado de Empleo acerca de la magnitud de la reversión de la reforma laboral de 2012 que Sánchez está comprometiendo durante la campaña electoral. Los empresarios presentes en la reunión manifestaron a Valdeolivas su preocupación por el tema de la subcontratación y por la relación entre el convenio de sector y el de empresa, según las fuentes consultadas. La regulación de la subcontratación es un tema especialmente crítico para CEOE que considera inaceptable la pretensión defendida por el Ministerio de Trabajo en su día de obligar a las empresas subcontratadas a garantizar las mismas condiciones del convenio de la empresa contratista, un régimen que en su opinión acabaría con la subcontratación y con todo un sector de actividad: el de las empresas de servicios multisector.
Según uno de los empresarios presentes en la reunión, Valdeolivas evitó pronunciarse de forma explícita sobre el particular pero sí trasladó que la intención del Gobierno será resolver estos asuntos en el diálogo social, lo que supone un avance respecto a la intención inicial de regularlo por decreto, que no cuajó no por falta de voluntad política por parte del Ministerio sino por la falta de respaldo parlamentario.
La 'hoja de ruta' del Gobierno de Sánchez tras el 10-N
La secretaria de Estado de Empleo también se comprometió a buscar una solución, siempre que continúe tras las elecciones del 10-N como se encargó de recordar con cierta frecuencia, según los presentes en la reunión, a la problemática con la que se han encontrado las empresas contratistas con el Estado, a las que éste no ha compensado el efecto en sus contratos de la subida del SMI, de modo que han tenido que ser las empresas con un contrato público las que han tenido que resolver contra sus márgenes o contra su patrimonio el impacto derivado de esa medida adoptada por el Gobierno. También dejó otro guiño a CEOE al comprometerse a revisar la Ley de Desindexación, otro de los frentes en los que la organización empresarial batalla desde hace tiempo.
Valdeolivas dejó a los empresarios algunas de las líneas maestras sobre las que pretende actuar si sigue en el Ministerio de Trabajo tras el 10-N. En este sentido, avanzó que habrá una revisión profunda de las bonificaciones estatales a la contratación, como ya adelantó La Información, al considerar que se han revelado como ineficaces; que el Ejecutivo también se planteará una revisión del sistema bonus/malus en la prevención de riesgos laborales; y que el Gobierno se comprometerá de forma muy especial en la lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo.
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