Lunes, 22.07.2019 - 23:07 h
En busca de mejorar los ingresos

Sánchez prepara un tijeretazo histórico al catálogo de incentivos fiscales y laborales

Quiere sacar 5.000 millones a golpe de suprimir beneficios fiscales y planea también un fuerte recorte de las bonificaciones a la contratación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dos dedos / EFE
Sánchez sacará recursos a base de recortar incentivos fiscales y laborales. / EFE

Un ex alto cargo de la Administración Tributaria acostumbraba a decir que no había un solo incentivo fiscal que no tuviera "su apellido". Sugería así que el inventario de exenciones y deducciones del que está trufada la normativa fiscal y que drena cada año unos 37.000 millones de euros de la recaudación fiscal se había originado por las necesidades concretas de algún contribuyente o de algún sector con especial influencia en el Gobierno de turno y que no respondía especialmente a ningún objetivo de política económica, digamos, de interés general.

El origen de los incentivos y las bonificaciones a la contratación es algo diferente. Está el caso del contrato de relevo, cuya última reforma lo ha convertido en un instrumento casi de uso exclusivo para la potente industria nacional de componentes del automóvil, pero el medio centenar de estímulos a la contratación que sobreviven en la legislación laboral tal vez nacieron en su día para favorecer a segmentos  con especiales problemas de empleabilidad pero, chequeada su ineficacia, se mantienen al parecer con el único objetivo de no elevar aún más la cuenta de costes laborales de las empresas, según se admite en privado tanto desde el diálogo social como desde el Gobierno. En conjunto, su aplicación supone un coste de unos 3.000 millones para las ya suficientemente castigadas arcas de la Seguridad Social.

La suma de unos y otros resta en torno a 40.000 millones de euros de ingresos a las arcas de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social y se ha situado con cierta regularidad en el punto de mira de los gobiernos cuando se ha hecho necesario sacar ingresos extra. Poco se ha hecho hasta la fecha, pero el Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a actuar. Según fuentes cercanas al Gobierno, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Trabajo han activado sendos grupos de trabajo para analizar el actual inventario de incentivos fiscales y laborales con el objetivo inmediato de abordar en los Presupuestos de 2020 un fuerte recorte de los mismos.

El Gobierno se ha fijado unos objetivos muy concretos. De hecho, en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España para el periodo 2019-2022 ya avanzó un proceso de reorganización de las bonificaciones existentes en la legislación laboral que "podría llegar a tener un impacto anual de 500 millones de euros ya desde 2020", lo que implicaría recortar una quinta parte de los estímulos activos a día de hoy. Fuentes del Ejecutivo aclaran, no obstante, que el ajuste podría ir mucho más allá si el ejercicio de evaluación que ya ha puesto en marcha la Autoridad Fiscal determinara que el volumen de incentivos ineficientes es mayor que el inicialmente estimado por el Ministerio de Trabajo.

El plan de Sánchez es mucho más ambicioso en el plano fiscal. Moncloa ya ha hecho llegar al Ministerio de Hacienda que su intención es obtener entre 4.000 y 5.000 millones de euros extra de la eliminación o reducción de los incentivos existentes en el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA, sin poner el objetivo en ninguno en concreto. Hacienda ya ha puesto a trabajar a los técnicos de la Dirección General de Tributos y a sus asesores de confianza para determinar la 'cesta de incentivos' que se puede suprimir para obtener esa recaudación... y generar los menores problemas. Una curiosidad: el proyecto de Presupuestos del Estado del Gobierno socialista para 2019 preveía un incremento de 3.000 millones en el presupuesto de beneficios fiscales.

A la espera del diagnóstico de la Autoridad Fiscal

El Gobierno no quiere recorrer este camino solo. Desde hace unas semanas la Autoridad Fiscal trabaja en lo que será la segunda oleada de informes del ejercicio de evaluación del gasto público de las Administraciones Públicas españolas, en las que está diseccionando, entre otras cuestiones, la eficiencia del Presupuesto de Beneficios Fiscales y también de las bonificaciones a la contratación.

Las fuentes consultadas aseguran que el Gobierno ha urgido a la Autoridad Fiscal a acelerar al menos esos dos informes con el objetivo de disponer lo antes posible de un primer avance de diagnóstico que le permita identificar los incentivos fiscales y a la contratación más ineficientes y, por tanto, más susceptibles de ser liquidados en el proyecto de Presupuestos de 2020.

De telón de fondo, la necesidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de apuntalar la previsión de 5.654 millones de euros de ingresos tributarios extra que se comprometió con Bruselas a obtener de sus medidas de reforma fiscal a activar en 2020, de la que dudan tanto la Autoridad Fiscal -que deja en poco más de la mitad de ese objetivo su potencial recaudatorio real- como la propia Comisión Europea. Y también su obligación de hacer lo posible para reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social, un foco permanente de preocupación para los organismos internacionales y uno de los factores que alienta el debate sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Hay que recordar que el largo inventario de bonificaciones a la contratación del sistema de empleo resta más de 2.000 millones a las arcas del organismo encargado de pagar las pensiones públicas.

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