"Ahora que tenemos unas décimas, hay que tomar medidas para evitar un 'fiebrón'". Es la advertencia de un miembro de la CEOE que no oculta su preocupación por el estado de salud de la economía española. El verano ha sido un punto de inflexión en los indicadores macro y el otoño, que se anunciaba duro, ha empezado peor de esperado, tal y como demostraron los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de septiembre. Así las cosas, los empresarios han puesto el termómetro al mercado laboral y el diagnóstico es claro: no es el momento de revertir la reforma que permitió a muchas empresas sobrevivir a la anterior crisis.
Es una advertencia a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones ya está de precampaña electoral y si hay algo que deja claro en cada aparición pública es que quiere modificar la reforma laboral del PP para acabar con los aspectos que considera más "lesivos". Una pretensión que los empresarios rechazan de plano en estos momentos. Si en algún punto antes del verano la CEOE pudo acercar posturas con el Ejecutivo socialista en este aspecto, ahora, en pleno frenazo de la economía, descartan tocar la legislación para no perjudicar a la creación de empleo.
Las fuentes de la patronal consultadas interpretan que el propio Gobierno tampoco está demasiado convencido de llevar a cabo modificaciones en la ley. No en vano, ya se han producido roces entre Ministerios a cuenta de la reforma laboral: por un lado, la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, encargada de defender los cambios que quiere llevar a cabo el PSOE ante la patronal y los sindicatos; y por otro la responsable de Economía, Nadia Calviño, que ha mostrado reticencias y ha llegado a defender en público la reforma del PP y afirmar que no es "productivo" derogarla.
Hay tres cuestiones fundamentales que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa: los convenios, en lo que se refiere a garantizar la ultraactividad y la prevalencia aplicativa del sectorial sobre el de empresa; la regulación de las subcontratas para otorgar a los trabajadores las mismas condiciones laborales – incluidos los salarios– de la empresa principal; y el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que permite la modificación sustancial de las condiciones de trabajo cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
A juicio de los empresarios, alterar estos aspectos de la legislación en un momento económico tan delicado como el actual resultaría perjudicial para el empleo. Si en julio el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se abría a hablar de modificar algunos puntos de la reforma laboral del PP, ahora la patronal se cierra en banda a hacer cambios. El frenazo de la economía ya es evidente y, ante los tambores de crisis, "resultan desaconsejables medidas que comporten el incremento de los costes laborales o limiten los mecanismos de flexibilidad interna", advierten.
Encarecimiento de la contratación
El sector empresarial no olvida que el Gobierno –ahora en funciones– aprobó por decreto el pasado 28 de diciembre una subida sin precedentes del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año del 22,3%, con el consecuente repunte de las bases mínimas de cotización en la misma proporción, y un alza de las máximas del 7%. Como consecuencia, el coste de contratación se ha encarecido coincidiendo con la ralentización de la actividad económica y, por ende, del empleo, y prueba de ello es que los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social crecen más del triple (7,9%) que las afiliaciones a la Seguridad Social (2,4%).
"Este encarecimiento de la contratación ha tenido un gran impacto en los sectores de menor valor añadido, que son los más afectados por el salario mínimo", comenta un empresario. Recuerda, además, que los datos de paro y afiliación del mes de septiembre han sido en esta ocasión "más graves" de lo habitual a estas alturas del año, cuando se suele destruir mucho empleo por la extinción de los contratos de la campaña veraniega.
La situación, en definitiva, es preocupante. En un entorno internacional convulso y con un panorama nacional repleto de incertidumbres sobre lo que pueda suceder con la política económica tras las elecciones generales del 10 de noviembre los empresarios lo tienen claro: lo acuciante en estos momentos es mantener la reforma laboral tal y como está. Introducir más rigidez en el mercado, a su juicio, agravará el impacto de la desaceleración del PIB en el empleo. La clave para capear "la que se viene encima", dicen, está en la flexibilidad interna. Y por ella van a apostar tanto en las conversaciones con el Gobierno saliente de las urnas como en las distintas mesas de diálogo abiertas con los sindicatos.
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