La Ley de Dependencia -en vigor desde 2007- y el reciente Ingreso Mínimo Vital (IMV) son posiblemente las dos medidas sociales más importantes y ambiciosas puestas en marcha en Democracia, la primera impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero y la segunda aprobada en mayo de 2020 y que en diciembre de 2021 se trasladó por Pedro Sánchez. Sin embargo, ambas se han encontrado en el camino escollos como la burocracia, la falta de información, la financiación, el fraude o la economía sumergida que han hecho qué buena parte de los objetivos se hayan frustrado y que estas iniciativas sociales no lleguen a los ciudadanos para las que fueron diseñadas.
Después de casi 16 años de su aprobación, la implantación de la Dependencia, una ayuda gestionada por las comunidades autónomas para atender a personas que requieren cuidados y atención especial de forma permanente y por motivos de edad, enfermedad o discapacidad, sigue arrastrando problemas, algunos graves, que además con frecuencia acaban en los tribunales. Falta de financiación y en otros casos mala gestión de los fondos, baja recaudación por copago, una legislación heterogénea y sobre todo retrasos en la concesión de la ayuda, además de diversas modalidades de fraude, han lastrado una medida estrella, trascendental en el momento de su aprobación, pero cada vez más necesaria tras la epidemia, el fiasco de las residencias y el acelerado envejecimiento de la población.
En tres regiones sigue sin aprobarse el catálogo de prestaciones y servicios de dependencia y en otras el tiempo de resolución de las demandas de los ancianos y enfermos, tanto en vía judicial como administrativa, es muy largo ante unas necesidades críticas. Mientras, en la mayoría de las CCAA no se cumple el plazo de resolución del procedimiento de seis meses y excede en más de un año. El proceso para obtener las ayudas es largo, tedioso y complicado y durante la 'espera' un porcentaje elevado de demandantes nunca llegan a recibir la ayuda solicitada. Algunas regiones incluso han contemplado reconocer el subsidio no entregado a los familiares después del fallecimiento.
En Extremadura, el 47% de los solicitantes de dependencia fallecieron en los seis meses siguientes de presentar la demanda de la prestación
Ley de Dependencia en las CCAA
Tras una evaluación exhaustiva de la Ley de Dependencia en las comunidades, el Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples inconvenientes e incumplimientos sobre la ayuda, que ha hecho públicos en un informe reciente. Asegura que en ninguna comunidad se han establecido criterios de preferencia en la tramitación de las solicitudes de valoración de la situación de dependencia para casos que pudieran requerir una mayor urgencia. En Andalucía, el 30% de los solicitantes fallecieron en los seis meses siguientes de presentar la solicitud, un porcentaje que se eleva al 47% en Extremadura.
Mientras, los datos del Observatorio de la Dependencia en España, una asociación que nació en 1994 e integra a trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos y abogados, ha analizado la actual situación y concluye que 46.300 personas fallecieron en 2021 en las listas de espera de la dependencia y casi 76 millones de euros se quedaron en los cajones de la Administración, un dinero suficiente para atender a 13.000 personas. Más de 195.000 personas se encuentran en el llamado 'limbo de la dependencia' -las administraciones han admitido algún grado, pero no tienen la prestación- y casi 400.000 esperaban el visto durante el primer semestre del año en España, según los datos del primer semestre de 2022 publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital en 2022
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida social estrella de Pedro Sánchez, que pretende sustituir a una decena de subsidios diseñados para los ciudadanos más vulnerables económicamente, su evolución ha sido muy deficiente y hasta ahora llega a una mínima parte de quienes lo necesitan y, también, de los que lo solicitan. Gestiones lentas, máxima burocracia, numerosos requisitos para evitar el fraude y el doble de expedientes rechazados, qué aceptados, es el resultado de la ejecución hasta ahora. El Ejecutivo se comprometió a que 850.000 hogares vulnerables y 2,3 millones de personas disfrutasen de los subsidios, pero apenas un millón de ciudadanos tenían acceso a la ayuda a principios de año.
Los rechazos, mayoritarios, se deben, en seis de cada diez casos a un exceso de rentas o patrimonio, lo que indica que las condiciones son demasiado rigurosas
Los rechazos, mayoritarios, se deben, en seis de cada diez casos, a un exceso de rentas o patrimonio, lo que puede indicar que las condiciones son demasiado rigurosas, un asunto que acaba en los tribunales que resuelve en el 60% de los casos a favor del ciudadano. El IMV es compatible con el cobro del paro, de algún subsidio por desempleo o de la Renta Activa de Inserción (RAI), pero estos cobros no pueden superar los previstos para el hogar de convivencia. En el caso de que no se llegase a esos límites, el IMV lo que haría es complementar la cuantía.
A través del Portal de Transparencia, la Seguridad Social admite a La información que hay seis causas, además de la de exceso de renta y patrimonio, para rechazar las peticiones. Incumplimiento de la edad requerida, falta de documentación, duplicidad de expedientes, incumplimiento de requisitos de residencia, no ser demandante de empleo o no cumplir con los requisitos de parentesco son las razones que no se acepten cuatro de cada diez expedientes. Unido a esto, las carencias personales y materiales para gestionar el nuevo subsidio han contribuido a frenar su eficacia y cuestionar los resultados.
Hace unos días, el Ejecutivo aprobaba nuevas medidas relacionadas con el IMV, que entre otros objetivos tenían desactivar la economía sumergida en torno al subsidio, aumentando los incentivos a los que demuestren estar trabajando. El primer IMV llegó a 75.000 hogares y tras dos años después, apenas 360.000 familias más forman parte de los beneficiarios del subsidio. El Gobierno ha querido convertir el IMV en el subsidio estrella contra la vulnerabilidad de las familias, pero a pesar de los nuevos parches legislativos, sigue sin llegar a buena parte de los beneficiarios reales a los que les falta información y capacidad para acceder a una ayuda para personas sin recurso. El Ejecutivo incluso ha acudido a las colas de hambre y a los comedores sociales para encontrar a los ciudadanos para los que diseñó la ayuda.
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