La guerra del agua vuelve a estallar en la España seca. El Consejo de Ministros aprobó el 27 de julio a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera las nuevas normas que restringen y suben el precio del agua del trasvase Tajo-Segura. A partir de ahora, en nivel 2, de normalidad, el máximo de caudal trasvasado pasará de 37 a 28 hectómetros cúbicos mensuales. Esta medida, que el Gobierno lleva a cabo para que se produzca un uso “más racional y equilibrado” de los recursos hídricos de la cuenca del Tajo, ha producido aplausos y apoyo al Ejecutivo en Castilla La Mancha e indignación entre agricultores y políticos del Levante. Las tensiones entre territorios vuelven a aflorar por un recurso como el agua, escaso en muchas zonas de nuestro país. “Es el principio para acabar con 42 años de trasvase”, dicen los regantes del levante. “El agua para consumo humano no está en peligro, pero hay que poner coto al abuso del recurso hídrico por parte de la agroindustria”, dicen desde la cuenca alta del Tajo.
El nivel 2 es el que se ve afectado por las nuevas normas y se da cuando las existencias conjuntas en las pantanos de Entrepeñas y Buendía son inferiores a los 1.300 hm3. En este caso, el trasvase máximo era de 38 hm3, pero ahora será de 27. A 6 de agosto, entre ambos embalses tienen un caudal de 668 hectómetros cúbicos, nivel 3, y el pantano de Entrepeñas se encuentra al 36% de su capacidad y el de Buendía al 22%. De hecho, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura acaba de autorizar un trasvase desde los embalses de Entrepeñas y Buendía de 14 hm3 para el mes de agosto de 2021, seis menos que los autorizados en nivel 3. De ellos, 7,5 hm3 se destinarán a abastecimientos urbanos y 6,5 hm3 para regadío. En el caso de llegar a menos de 400 hm3 de agua embalsada, no se podrán producir trasvases.
El conflicto entre autonomías
“Nos abocan al paro y a la desertización. No nos vamos a estar quietos”, advierte Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase. “Aunque llega tarde, la medida es un alivio porque se frena el expolio del agua”, aseguran desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía. Los presidentes murciano y andaluz, Fernando López Miras y Juan Manuel Moreno Bonilla, ponen el grito en el cielo y hablan de “gran error”. El jefe del Ejecutivo valenciano, Ximo Puig, dice que con él no cuenten para “ninguna guerra del agua”.
Pero el castellano-manchego, Emiliano García Page, que asegura que “vamos ganando centímetro cúbico a centímetro cúbico”, sí habla, al menos, de “conflicto”. Un conflicto que enfrenta a “una España seca con otra España seca”, dice el barón socialista. Una obra hidráulica, en fin, en la picota y por la que se trasvasaban hasta ahora un máximo de 600 hm3 del Tajo al Segura, para uso humano y agrícola, y 50 hm3 al Guadiana, a las Tablas de Daimiel.
Sin embargo, y pese a la reducción del caudal a trasvasar ya este mes de agosto, la Asociación de Municipios de la cabecera del Tajo abogaba por un trasvase cero en agosto y septiembre. Su vicepresidente, Borja Castro, insiste en que se está priorizando "la gula de los regantes" al desarrollo económico de la cuenca cedente. Y es que hasta el presidente de Asaja Guadalajara, Juan José Laso, se ha desmarcado de la postura oficial de su organización, tanto en Castilla-La Mancha como en Levante, favorable a mantener las reglas del trasvase tal y como estaban.
"La provincia ha sido expoliada por el trasvase y el sureste español se ha desarrollado a costa de Guadalajara”, asegura Laso. “Llevamos cuatro décadas de trasvase y los pueblos de la zona han tenido que beber con cisternas. Es una vergüenza. La agricultura no ha tenido ninguna ventaja. Tenemos la provincia con menos hectáreas de regadío, regadíos antiguos, desfasados y no rentables. No se ha hecho nada por esta provincia”.
Las organizaciones agrícolas, enfrentadas
Las restricciones al trasvase Tajo-Segura, de cualquier manera, no se quedarán en lo aprobado por el Consejo de Ministros este verano y se espera que en unos meses tengan que volverse a modificar los modos de uso. Algo que se materializará el aumento de los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo, en lugar de los 6 de ahora. Por lo tanto, quienes se oponen a las restricciones, como el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), aseguran que modificar las reglas de explotación del trasvase en este momento no tiene sentido alguno.
Según defienden, "habrá que revisarlas de nuevo porque habría que esperar a la conclusión en diciembre del plan del Tajo para fijar esas reglas de explotación". Es más, aducen, como hacen desde Asaja Alicante, que 50.000 hectómetros se van al mar todos los años por las cuencas españolas y Portugal recibe un caudal del Tajo tres veces superior a lo pactado. Por lo que “hace falta es voluntad política, infraestructuras que distribuyan el agua en España de forma justa y equitativa e inversiones para hacerlo una realidad”.
El presidente de SCRATS, Lucas Jiménez, asegura a La Información sentirse “abatido”, pero avisa de que “daremos la batalla hasta el final. Desde el punto de vista legal y en la calle”. Los regantes ven en las restricciones del Ministerio de Transición Ecológica el primer paso para cancelar definitivamente el trasvase y “una decisión que no se justifica” ni ecológica ni económicamente. “Hemos demostrado que con el trasvase en su punto actual hay unos caudales del Tajo ecológicamente aceptables. Ésta no es una decisión técnica. Es una decisión política que se ha tomado para contentar a los políticos de Castilla-La Mancha y, en concreto, a su presidente. Va ganando el partido dos a cero”.
Además de la ya mencionada de un uso del agua más “equilibrado”, la justificación de motivos para las nuevas medidas en torno al trasvase habla de la autosuficiencia de las cuencas. En este sentido, los regantes murcianos, alicantinos y almerienses ven que les están empujando a consumir el agua de las desaladoras. Lo que consideran “económicamente inviable”. El metro cúbico de agua del trasvase para regadío se paga a 15 céntimos, mientras que el procedente de desaladoras saldría a 58 céntimos. “Algo carísimo que haría inviable los cultivos”, señalan. Por comparación, el agua de riego en las zonas de España que tienen recursos hídricos para ello cuesta entre dos y tres céntimos el metro cúbico.
Hasta las Cámaras de Comercio de Alicante, Orihuela, Almería, Lorca, Murcia y Cartagena han elevado un informe al Ministerio de Transición Ecológica en el que se habla de que el Trasvase Tajo-Segura “es necesario”. Su argumento principal es que de este dependen 106.000 puestos de trabajo y tiene un impacto económico de 3.000 millones de euros en actividades agrícolas en la zona. Así, hasta el presidente de la patronal murciana, CROEM, José María Albarracín, se ha posicionado a favor del trasvase y ha calificado los recortes de “injustos e innnecesarios”. El recorte del Trasvase “solo provoca pérdida de competitividad, incremento del paro y desertización.”
Desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía dicen que las restricciones al trasvase benefician a los regantes porque “asegura que haya agua casi siempre y no se entre en periodos de excepcionalidad”. Por lo que piden, sin ambages, que se “ponga fin, definitivamente, al trasvase”. Un trasvase por el que SCRATS paga al año unos 6 millones de euros al Gobierno de Castilla-La Mancha, pero “que en la cabecera del Tajo ni olemos”. Este año, en la orilla de Entrepeñas y Buendía se ha estado trasvasando agua porque sí, porque era legal, “sin necesidad”. Todo en una etapa “extraordinariamente húmeda en la cuenca del Segura. Está al 40% de su capacidad, más que la del Tajo. Allí están almacenados, además, 120 hm3 procedentes del trasvase que no han usado”. La guerra del agua en la España seca.
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