"Tenemos un acuerdo político (...). Estamos dando una señal fuerte", dijo el ministro luxemburgués, Pierre Gramegna, en un debate público entre los 28 ministros del bloque europeo.
"Europa muestra el camino, es pionera en la materia", estimó a dos días de la reunión de ministros de Finanzas del G20 en Lima.
El procedimiento de "optimización" de las multinacionales saltó a la luz hace casi un año con el escándalo LuxLeaks, de evasión fiscal masiva a través de acuerdos fiscales anticipados, o "tax rulling", con Luxemburgo.
Este mecanismo, legal, consiste en acuerdos entre la administración fiscal de un país y empresas multinacionales que permiten a las compañías reducir la imposición a los ingresos generados en otros países donde llevan a cabo sus actividades.
El "acuerdo político" alcanzado este martes entre los 28 ministros se traducirá por una directiva (ley) europea para el intercambio de informaciones que entrará en vigor el 1 de enero de 2017.
El acuerdo prevé una retroactividad de cinco años (hasta el 1 de enero de 2012) para todos los acuerdos aún vigentes y de tres años para los que ya no están en vigor.
Esto significa que los acuerdos sobre las decisiones fiscales anticipadas pasados en esas fechas entre algunas de las multinacionales más importantes y los Estados deberán ser notificados a los otros miembros del bloque.
Las revelaciones en el origen del escándalo opacaron los primeros días en función del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, exprimer ministro de Luxemburgo durante casi 20 años.
Bajo su gobierno el Gran Ducado firmó numerosos acuerdos con las multinacionales, que establecían sus sedes europeas en Luxemburgo, lo que les permitía así pagar la menor cantidad de impuestos por sus actividades en el bloque.
El acuerdo alcanzado interviene al día siguiente de que la OCDE, el club de economías desarrolladas, anunciara el lunes un muy esperado plan para eliminar los vacíos jurídicos que permiten a las multinacionales evitar impuestos en los países donde operan que privan a los erarios de por lo menos 100.000 millones de dólares al año.
La OCDE calcula que esta "optimización fiscal" ocasiona a los erarios públicos una pérdida recaudatoria de 100.000 millones a 240.000 millones de dólares al año, o de un 4% a un 10% de los impuestos corporativos.
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