UGT denuncia una persecución a los perceptores del paro en Madrid

Controles masivos sin motivo aparente, objetivos de propuestas de sanción, prioridad a la hora de gestionar colocaciones; el sindicato UGT ha denunciado una serie de prácticas insólitas en la Comunidad de Madrid con el supuesto objetivo de reducir en la medida de lo posible el número de parados con derecho a prestación.

Según el sindicato, el Servicio Público de Empleo madrileño está tramitando citaciones masivas para presentarse en sus oficinas a los madrileños que están cobrando el paro con un objetivo exclusivamente de control, ya que luego no se les ofrece ni una posibilidad de empleo ni un cursillo de formación.

Además, la central asegura que la Comunidad de Madrid ha fijado objetivos de gestión a sus Oficinas de Empleo para que al menos un 8% de los citados sean propuestos para recibir una sanción sobre su prestación.

Hay que recordar que el cobro de una prestación por desempleo lleva asociado un compromiso de empleabilidad, en virtud del cual el perceptor está obligado a acreditar una búsqueda activa de empleo y participar en las acciones de mejora de la ocupabilidad que determinen los Servicios Públicos de Empleo.

Sin embargo, para el sindicato hay indicios que apuntan a que la Comunidad de Madrid no está intentando garantizar el cumplimiento de ese compromiso sino algo diferente. "La citaciones no son por carta certificada y, sin embargo, la no presentación implica una suspensión de la prestación por desempleo".Los que cobren el paro primero, por favor

La insólita estrategia denunciada por UGT se completa con la aplicación de una instrucción que vuelca los esfuerzos de reinserción laboral de las oficinas públicas, precisamente, en los desempleados que cobran una prestación.

Según la Comunidad de Madrid, todo esto forma parte de un revolucionario programa piloto para, según detalla su Plan de Empleo, "ofrecer un mejor servicio y una atención más personalizada".

Fuentes de la Consejería de Empleo explican que no es que se esté priorizando la colocación de los desempleados que cobran una prestación, sino que se ha puesto en marcha en cuatro oficinas de empleo de Madrid una experiencia piloto para probar una nueva herramienta que busca casar mejor la oferta y la demanda de empleo, y los técnicos han escogido a 2.000 parados con prestación de entre 20 y 45 años de cada oficina para ensayar esta nueva herramienta.

¿Por qué se ha escogido precisamente a parados que cobran una prestación? Nada se dice al respecto.

Respecto a las citaciones de perceptores del paro, la Comunidad aclara que la responsabilidad del control del cobro de las prestaciones corresponde a los servcicios del Ministerio de Empleo, pero que los técnicos de los servicios regionales prestan su colaboración en este objetivo y tienen la obligación de informar al Ministerio sobre el porcentaje de fraude que prevén detectar....ése 8%.

El Ministerio de Empleo, por su parte, se ha desmarcado tanto del plan piloto de la Comunidad de Madrid como de esos objetivos de detección de fraude, ha negado rotundamente que exista ninguna instrucción por su parte para instar este tipo de actuaciones y ha dejado bien claro, por boca de la secretaria general de Empleo, Engracia Hildago, que no avala ningún tipo de discriminación entre la gente que está buscando empleo.

Reconoce, no obstante, que sí hay colectivos prioritarios en su estrategia de empleo, los mayores de 55 años y los menores de 30, por su especial exposición a una posible exclusión social. Pero no por el hecho de ser o no perceptores del paro.

El año pasado la factura por prestaciones por desempleo excedió en más de 3.000 millones de euros lo inicialmente presupuestado e incrementó la tensión sobre el déficit público, si bien la tasa de perceptores de prestación sobre el conjunto de los parados ha caído del 66% al 61% en el último año.Más control sobre los perceptores

Aunque en realidad sí hay una línea de trabajo del Ministerio de Empleo en relación a mejorar los controles sobre los perceptores de prestación por desempleo.

Según adelantó lainformacion.com, el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas por el Gobierno de España incluía un paquete de medidas para incrementar los controles sobre el cumplimiento efectivo de ese compromiso de empleabilidad por parte de los desempleados españoles que cobran una prestación.

Básicamente, el Ministerio de Empleo pretende impulsar un catálogo de iniciativas para, por una parte, garantizar que los perceptores de una prestación cumplen con sus obligaciones en materia de formación y búsqueda activa de empleo, y, por otra, fiscalizar que todo aquel que cobra el paro tenga realmente derecho a hacerlo.

Para ello está previsto encargar a una entidad privada el diseño de un nuevo esquema de gestión y control de prestaciones que aplique prácticas propias de la Inspección de Hacienda para detectar posibles fraudes en la percepción del paro.