El Gobierno va a destinar una cantidad importante de dinero a reformar la madrileña sede de la Unión General de Trabajadores (UGT). En concreto, el Ministerio de Trabajo ha sacado a licitación las obras de optimización de las oficinas centrales del sindicato en la Avenida de América, por un valor total estimado del contrato de algo más de 5 millones de euros. Para ello, ha habilitado el proceso de tramitación urgente, ante la "necesidad inaplazable" de realizar tareas de optimización del edificio por el "riesgo inherente" para la salud de los trabajadores, dada la antigüedad del mismo.
En los pliegos, el Ministerio justifica la urgencia de las obras por los "riesgos que se podrían derivar si se demora su ejecución, dada la antigüedad de las instalaciones de climatización, accesibilidad y de protección contra incendios, así como el estado de deterioro de carpintería, y el consiguiente riesgo inherente a la salud de las personas que trabajan en su interior, por la falta de acondicionamiento general del interior de las instalaciones de trabajo". Y argumenta que, por ello, "es imprescindible acometer con urgencia la actualización del inmueble para una correcta puesta en funcionamiento de los espacios objeto de la actuación, renovando de forma integral la climatización, y garantizando la seguridad de todo el edificio y el cumplimiento de la normativa de accesibilidad".
Se trata de un contrato cuantioso que lanza el Gobierno en paralelo a una batería de licitaciones precisamente para reformar parte del Patrimonio Sindical Acumulado, un conjunto de más de medio millar de inmuebles que pertenecen a la Administración General del Estado, pero cuyo uso se cede a organizaciones sindicales y empresariales para el desarrollo de las funciones que les concede el ordenamiento jurídico, aunque su conservación corre a cargo de los Presupuestos. En concreto, hasta mediados de año, el Ministerio de Trabajo, a través de la Subdirección General de Oficialía Mayor, ya había adjudicado una veintena de contratos menores para hacer obras en las sedes de CCOO, UGT y CEOE en Madrid y otras ciudades.
Se trata de reformas en edificios de lo que se denomina "PSA", que pertenecían a organizaciones sindicales democráticas y que fueron incautados tras la Guerra Civil. La Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado reguló la cesión en uso, que no en propiedad, de estos inmuebles, con carácter gratuito para sindicatos y patronales, y estableció que el Gobierno podría proceder a la enajenación o venta de los inmuebles mediante subasta, siempre destinando los ingresos obtenidos a la adquisición de bienes de valor equivalente, obras de reforma, construcción y conservación de los bienes. El dinero, en definitiva, no puede destinarse a otros fines que no sean la conservación del patrimonio.
Como se reveló en estas páginas, el Ministerio de Trabajo, a quien corresponde la enajenación o venta de estos bienes -que en muchos casos se encuentran en ubicaciones muy atractivas, pero acusan el paso de los años en su estado de conservación- está planeando sacar a subasta en los próximos meses edificios situados en hasta ocho ciudades de todo el país, según consta en la letra pequeña de su programa presupuestario para 2021. Aunque, por el momento, fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz confirman que todavía no se han producido subastas y lo único que se ha hecho es proceder a las reformas que necesitan los edificios.
El Ministerio no tiene liquidez suficiente para llevar a cabo las reparaciones que necesitan los bienes del PSA, que en su mayoría son edificios antiguos y en mal estado, y por eso plantea la venta de inmuebles. Pero mientras llegan esos ingresos, los presupuestos también prevén "una dotación que permita hacer frente a un estado de conservación de los edificios que precisan mejoras evidentes". "La situación de deterioro en los edificios se ha visto afectada también por las situaciones de prórroga presupuestaria de los últimos años, que han ralentizado la gestión de los respectivos procedimientos de contratación", esgrimen los PGE.
Los Presupuestos de 2021 contemplan unas inversiones en Patrimonio Sindical Acumulado de 6,8 millones de euros, pero hay que recordar que, el pasado 1 de junio, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para modificar los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Trabajo y Economía Social la tramitación de un contrato de obras de rehabilitación, mejora y construcción en dos edificios adscritos al Patrimonio Sindical Acumulado, situados en Madrid y Barcelona. En concreto, la sede de UGT en la Avenida de América, por más de 5 millones de euros, y la sede de CCOO en la Via Laietana de Barcelona, por otros 6,5 millones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios