El último aliento del Gobierno de Pedro Sánchez va a salir muy caro a las finanzas públicas. Solo las medidas en materia laboral que tienen previsto aprobar en la carrera contrarreloj hacia las elecciones generales del 28 de abril suponen un gasto extraordinario para la Seguridad Social de nada menos que 1.000 millones de euros. Un desembolso que implica en torno a una décima adicional de déficit para un ejercicio, este 2019, que ya está condenado al incumplimiento del objetivo comprometido con las autoridades europeas, del 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB).
La recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años y de la cotización de los cuidadores no profesionales de dependientes, así como la ampliación de la prestación de paternidad de cinco a ocho semanas, tienen la culpa. Todas ellas, medidas de gran calado social que el Ejecutivo socialista va a sacar adelante sí o sí antes de finiquitar la legislatura y en plena precampaña de unas elecciones que, de acuerdo con las últimas encuestas, no le aseguran la gobernabilidad a partir de abril.
Será en alguno de los dos Consejos de Ministros que quedan hasta la disolución de las Cámaras el 5 de marzo, o bien a través de la Diputación Permanente que seguirá funcionando hasta el 28-A. Sánchez ya ha advertido de que es "testarudo", y la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, no va a renunciar a sacar adelante algunas de las medidas en las que ha venido trabajando desde que el presidente le encomendó su cartera, allá por el mes de junio de 2018.
Solo recuperar el subsidio para mayores de 52 años, desde los 55 años actuales, va a costar 388 millones de euros, de acuerdo con los cálculos que figuran en el proyecto presupuestario que es ya papel mojado tras el jarro de agua fría que le echó por encima el Congreso. El propio presidente confirmó este pasado fin de semana lo que venía adelantando La Información, y es que lejos de tirar la toalla en materia laboral, el Gobierno tiene ya definido un 'pack' de medidas que aprobará con carácter urgente antes de la cita con las urnas. Entre ellas, el subsidio para mayores de 52 años que busca beneficiar a 114.000 personas.
Según ha podido confirmar este diario, el paquete diseñado 'in extremis' incluirá también la cotización de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, por otros 315 millones de euros, y la ampliación de los permisos de paternidad de cinco a ocho semanas, por 302 millones más. Dos medidas que también murieron con los Presupuestos y que el Ejecutivo va a resucitar por la vía del decreto.
En total, más de 1.000 millones de euros que tendrán que detallarse en la memoria económica que acompañe el Real Decreto Ley al que está dando los últimos retoques el Ministerio de Trabajo. ¿De dónde saldrá el dinero? Desde el entorno de Valerio explican que "o bien se arañará de otras partidas, o se aprobará una nueva", toda vez que, sin cuentas públicas habilitadas para 2019, el Ministerio de Hacienda tendrá que afinar la ingeniería contable para encajar el gasto extraordinario en el presupuesto prorrogado del anterior Gobierno de Mariano Rajoy.
La ministra María Jesús Montero ya avisó de que, sin nuevos Presupuestos, tras los compromisos de gasto ya asumidos y sin nuevos ingresos que apuntalen las finanzas públicas, el déficit se iría hasta el entorno del 2,2 o 2,4% del PIB, desde la meta oficial del 1,3% que se sometió al examen de Bruselas. Un desfase de unos 10.000 millones de euros que Montero calculó a políticas constantes, esto es, sin tener en cuenta la introducción de nuevas partidas de gasto como las anunciadas por Sánchez y Valerio en materia laboral.
Si bien es cierto que el plan presupuestario del Ejecutivo socialista contemplaba un incremento de los ingresos por cotizaciones del 7,5%, hasta los 123.584 millones de euros, tras las subidas aprobadas por decreto de las bases mínimas y máximas, las cuentas de la Seguridad Social tiemblan. Se espera un gasto récord en pensiones de 153.864 millones de euros (tras las mejoras que vieron la luz también por decreto a finales de diciembre) y los ingresos por cotizaciones no dan ni para cubrir la nómina de las contributivas, que alcanzará los 135.267 millones. Estimaciones que elevan el déficit del sistema en 2019 hasta los 18.650 millones de euros, 1.300 millones más que en las cuentas de 2018.
En busca de consenso
Mientras, los nuevos impuestos que pretendían sufragar el gasto en pensiones también se han visto frustrados por las turbulencias políticas y el Gobierno espera impaciente las recomendaciones del Pacto de Toledo. La comisión parlamentaria, que lleva dos años trabajando, ha cambiado de marcha con los últimos acontecimientos políticos y ha pisado el acelerador a fondo para rematar sus conclusiones antes de la disolución de las Cortes en apenas dos semanas, según confirman fuentes conocedoras de los trabajos que se están desarrollando en este marco.
Trabajo explica que lo ideal es "contar con el mayor consenso posible" antes de someter a la convalidación del Parlamento un Real Decreto Ley. Pero no solo en el Pacto de Toledo, también en el diálogo social. No hay que olvidar que además de estas medidas, que suponen 1.000 millones de gasto adicional, Valerio ha anunciado algunos retoques que afectan a los convenios, como la prevalencia del sectorial en algunos aspectos 0 la ultraactividad, o al registro obligatorio de la jornada laboral, que quiere introducir también antes del 28-A, con la connivencia de los sindicatos, pero ante la oposición frontal de la patronal.
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