Una de las claves a la hora de comprar un coche es cuánto consume el vehículo, un factor decisivo a la hora de elegir un modelo u otro porque las diferencias se 'sienten' en el bolsillo. Este patrón no se repite en el sector inmobiliario, en el que se priorizan factores como el precio y la ubicación a la hora de negociar la compra o alquiler de un inmueble, según fuentes del sector. El Estado ha tratado de concienciar a los ciudadanos sobre las implicaciones de la eficiencia energética de las casas para el medioambiente y la economía doméstica, pero todavía no es una cuestión clave en las transacciones. Los expertos han señalado que ponerle números al 'verde' podría ayudar a poner el foco sobre estos indicadores y estiman que dicha eficiencia energética de una vivienda puede tener un impacto de hasta 1.000 euros anuales en las facturas.
Los propietarios están obligados a contar con una certificación energética para comprar o arrendar sus inmuebles desde 2013 y su coste oscila entre 50 y 3.000 euros. La etiqueta que adjuntan a sus contratos clasifica las viviendas de la A a la G en base a su eficiencia energética, pero no incluyen las consecuencias monetarias de la 'nota'. La puesta en marcha de una guía de los costes que acarrean las distintas letras no es sencilla porque hay que tomar en cuenta una amplia gama de parámetros -tamaño de la casa, zona geográfica, ventilación... -, pero los profesionales del sector señalan a 'La Información' que ésta sería la clave para que los compradores o arrendatarios consideren necesario apostar por una vivienda sostenible.
Diego Soldevilla, Director de Consultoría Energética y Edificación en la tasadora Tinsa, explica a este diario que la clasificación media de las viviendas en España se sitúa entre las letras E y F... un suspenso. El experto describe como "obsoleto" el parque de viviendas en cuanto a eficiencia energética y afirma que los próximas pasos de las autoridades en esta materia deben dirigirse a "cambiar la concepción de 'trámite' que se ha asociado a este certificado para que se vea como una oportunidad de ahorrar y garantizar la sostenibilidad ambiental de los edificios. Habrá que crear iniciativas de comunicación, normativas a nivel país e incentivos fiscales".
En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó este martes la puesta en marcha de una consulta pública para recopilar las opiniones ciudadanas sobre la certificación energética para ajustar el sistema. Fuentes de la cartera de Teresa Ribera señalan a 'La Información' que "el objeto de la consulta es que la certificación energética sea comprensible y útil para la ciudadanía, y que las herramientas para elaborarla reflejen adecuadamente la contribución a la mejora de la eficiencia energética que suponen las distintas opciones estructurales, de diseño y tecnológicas disponibles".
Diego Soldevilla (Tinsa) resalta que la iniciativa de la certificación energética surgió a nivel paneuropeo y ya existen países en los que cuenta con un mayor soporte financiero. Autoridades de distintos estados han aumentado su importancia en los contratos al impulsar herramientas como las hipotecas verdes, que han sido diseñadas para dar condiciones de financiación favorables a las personas que opten por comprar viviendas con una alta eficiencia energética o a las que vayan a acometer reformas que mejoren su rango actual. Otro 'anzuelo' ofertado fuera de España es la rebaja del IBI para las viviendas que se encuentran a lo alto de la tabla de eficiencia energética. Diego Soldevilla ha indicado que algunas entidades como Triodos Bank y la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) han lanzado planes con incentivos para 'animar' a los compradores a decantarse por casas más 'verdes', pero "todavía queda mucho camino por recorrer".
Muchos países han adelantado a España en esta materia. Reino Unido va a la cabeza en certificación de eficiencia energética en Europa. Implementó el mecanismo para sus nuevas construcciones en 1995 e impuso su obligatoriedad en todos los contratos en 2007. El diseño de su etiqueta es más sofisticado y sí aporta información sobre los elementos más eficientes de la vivienda, el ahorro que puede suponer emprender mejoras y las posibles ayudas a las que puede optar un propietario si rehabilita su inmueble para mejorar la calificación. Dinamarca implantó la certificación en 1997 y las autoridades han precisado que los técnicos deben tener más de cinco años de experiencia en el sector para desarrollar el trabajo, según datos de la emisora de certificados Certicalia.
El consultor de Tinsa asegura que los jóvenes han demostrado tener una mayor sensibilidad hacia el grado de sostenibilidad de sus hogares en los últimos años:"Comienzan a apreciar el tema. No solo por consumir menos... Hay ahorros importantes. Estos son los futuros compradores, pero todavía afrontan grandes escollos económicos para costear una vivienda". Para Soldevilla, el giro definitivo hacia una toma de decisiones más verde en el sector inmobiliario "solo podrá llegar de la mano de un cambio cultural acompañado de nuevas regulaciones".
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