San Juan, 20 nov.- La Casa Blanca enviará a Puerto Rico un equipo de expertos que ayudarán a optimizar el uso de los fondos federales que recibe la isla caribeña y que suponen gran parte de los ingresos de su economía, en recesión desde hace siete años y enormemente endeudada.
"No hay rescate. Los problemas fiscales de Puerto Rico los tiene que solucionar Puerto Rico", aclaró contundentemente la secretaria de Hacienda de la isla, Melba Acosta, en una entrevista con Efe en Washington poco después del anuncio de una medida que, según apuntó, responde a una petición del Gobierno puertorriqueño.
Añadió que "no son inspectores", si no los expertos del grupo de trabajo de la Casa Blanca para cuestiones de Puerto Rico, que "nos preguntaron hoy que en qué nos podían ayudar".
"De ninguna manera significa un control federal sobre la economía de la isla", se apresuró a aclarar también la secretaria de Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, ante una decisión que llega tras semanas de especulaciones sobre una posible intervención federal para detener el deterioro económico y fiscal de este Estado Libre Asociado a Estados Unidos.
Su peculiar estatus político, al que muchos ven como un régimen encubierto de colonia, confiere a Puerto Rico cierta autonomía en asuntos internos, aunque partidas como defensa, política monetaria, comercio internacional o gestión de fronteras se supedita a Washington, que impone sus leyes federales.
A la mala situación económica se ha sumado la presión de los mercados financieros, que dudan de que Puerto Rico -a la que se han referido como "la Grecia del Caribe" o "la próxima Detroit"- pueda pagar su deuda de 70.000 millones de dólares.
Además, las agencias de calificación amenazan insistentemente con dejar la deuda al nivel de bonos basura si no se despejan esas dudas y no mejoran los indicadores macroeconómicos.
Por ello, el Gobierno, en el poder desde enero, se ha volcado en convencer a Wall Street de que su prioridad es pagar su deuda y sus intereses y en equilibrar su presupuesto subiendo impuestos, reformando el sistema de pensiones y recortando todo tipo de gastos.
Aunque Washington descarta inyectar más fondos en la isla, hoy anunció el envío de un grupo de trabajo integrado por expertos de diversos departamentos federales que comprobarán in situ cómo se emplean los cerca de 6.300 millones de dólares que, según Acosta, anualmente insufla a Puerto Rico.
La economía puertorriqueña lleva siete años en recesión, el mayor empleador es el Gobierno y, desde que comenzó la crisis en 2006, se han destruido uno de cada cinco empleos, mientras casi la mitad de los habitantes de la isla viven en la pobreza.
El desempleo ronda el 14 %, la población activa es del 39,2 % (de las más bajas del mundo), cada día emigra una media de 47 jóvenes, con lo que ya hay más puertorriqueños fuera que dentro de la isla, y la criminalidad está disparada.
Desde La Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño, se insistía hoy en que se tratará de una "asesoría estratégica" como la que la Casa Blanca ofrece "a otros gobiernos" y como parte de la "estrecha relación de trabajo" que mantienen ambas partes.
Sin embargo, desde el opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) se habla de "intervención federal" y "sindicatura", ante la que el legislador Antonio Soto, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, ofreció la colaboración de la oposición para "buscar alternativas reales y ejecutables a la crisis".
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