Díaz prepara una reforma para atajar el fraude masivo de las falsas cooperativas

Yolanda Díaz continúa desplegando su agenda reformista tras cumplir con el primer gran hito de la legislatura, que fue la aprobación de la reforma laboral consensuada con la patronal y los sindicatos. El Ministerio de Trabajo, que pilota la vicepresidenta segunda del Gobierno, está preparando un proyecto de ley para actualizar la Ley de Cooperativas y acabar con el fraude masivo que habitualmente se da en la fórmula empresarial de la economía social con mayor trayectoria en nuestro país. En concreto, la iniciativa busca adecuar el marco normativo para prevenir el intrusismo y la competencia desleal, acabando con los falsos autónomos que proliferan en el modelo cooperativo.

El Ministerio quiere acabar con el uso fraudulento del falso autónomo en el ámbito de las cooperativas de trabajo asociado, impidiendo la utilización de la figura del trabajador por cuenta propia como herramienta para reducir los costes laborales en estas empresas. Y para ello acaba de lanzar a consulta pública previa la elaboración de un proyecto de ley para la actualización y adecuación de la vigente Ley de Cooperativas, que data de 1999, para adaptarla a los nuevos escenarios, marcados por "la creciente complejidad del contexto económico y social en el que nos movemos" y "contribuir a la transformación e innovación de nuestro tejido económico".

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En este sentido, el Yolanda Díaz quiere reformar el marco en el que opera este modelo de empresa, que prolifera en sectores como la industria agro-alimentaria o los transportes, con varios objetivos. El primero es básico y pasa por actualizar la normativa a una realidad cooperativa que ha evolucionado considerablemente en los últimos veintitrés años, acogiendo a las nuevas expresiones del cooperativismo para que las cooperativas energéticas, de vivienda de cesión en uso y otras fórmulas presentes en el escenario actual se vean reflejadas en la ley estatal, en coherencia con los avances recogidos en la legislación autonómica en los últimos años.

Por otro lado, el Ministerio quiere incorporar al marco legislativo medidas que prevengan el intrusismo en el ámbito cooperativo, "con un importante coste reputacional derivado de prácticas de competencia desleal, que perjudican tanto al movimiento cooperativo, como a las personas trabajadoras y al propio funcionamiento del mercado económico", según recoge el proyecto que acaba de someterse a consulta pública. Y junto a estas medidas, desliza que se incorporarán otras para castigar los fraudes que puedan producirse, al avanzar que "se hacen necesarias otras que permitan actuar de forma rápida y eficaz frente a este tipo de prácticas lesivas".

El proyecto se detiene en este punto para explicar que "esta fórmula empresarial, dotada de una flexibilidad interna que se adapta a su identidad centrada en las personas, se convierte en una estructura atractiva para operar en el mercado prescindiendo de los principios y valores que aportan el valor transformador añadido a nuestro tejido económico y social". Y advierte de que "estas prácticas pervierten el modelo cooperativo y generan espacios de precarización de las condiciones de trabajo, entrando en contradicción con la generación de trabajo de calidad acreditado en el ámbito cooperativo y con las políticas públicas que desde todos los ámbitos se están poniendo en marcha, en la convicción de que sólo con trabajo de calidad se puede avanzar en un modelo productivo competitivo y en el progreso de nuestra sociedad".

De ahí que el Ministerio plantee endurecer la ley para evitar este tipo de fraudes, especialmente en el ámbito de los falsos autónomos, que es precisamente uno de los marcos de actuación que está impulsando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En su último informe anual, los inspectores plasman que "se han detectado ciertos comportamientos consistentes en la utilización de forma fraudulenta de las distintas formas de organización social (cooperativas) para aprovecharse del legítimo derecho de opción que la normativa concede a las mismas, en cuanto al régimen de seguridad social aplicable, especialmente en las cooperativas de trabajo asociado, sirviendo estas para enmascarar verdaderas relaciones laborales con la mercantil que utiliza las citadas cooperativas, dado que no existe una autentica relación societaria, provocando situaciones de competencia desleal en nuestro mercado de trabajo".

En paralelo, el Ministerio afirma en el proyecto que la legislación avanzada durante la pandemia en materia de cooperativas ha contribuido a reforzar la capacidad de resiliencia de estas empresas, por lo que la actualización de la norma habrá de consolidar aquellas medidas que pueden resultar eficaces hacia el futuro. Por otro lado, propone la adecuación de la normativa estatal para impulsar el papel motor de transformación que tienen las cooperativas con los ajustes necesarios a un modelo que ha de funcionar con mayor agilidad para desplegar su respuesta a los retos. Y de igual modo, plantea la necesidad de reflejar en la ley estatal los avances de la legislación cooperativa autonómica y adaptar al nuevo escenario de digitalización de las Administraciones del Estado el funcionamiento del Registro de Cooperativas.

El pasado mes de febrero Díaz mantuvo una reunión con representantes de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) para analizar el impacto de la recién aprobada reforma laboral en las empresas de la Economía Social, así como los aspectos que preocupan a la entidad en este sentido y que no han sido incluidos en la nueva legislación. En el encuentro se fijó una hoja de ruta que establece reuniones técnicas con los colectivos afectados y se acordaron las modificaciones de algunas normas, como la Ley de Empresas de Inserción o la Ley de Economía Social, además de la Ley de Cooperativas, cuya modificación avanza el Ministerio con el lanzamiento a consulta pública de este proyecto.